Devaluación de la movilización y diseminación de la política
Raúl Prada Alcoreza
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Parece insólito hablar de la devaluación de la movilización
social; aunque se consideraba, antes, en los tiempos de las movilizaciones vitales, la circunstancia
del desgaste de algún tipo de movilización;
por ejemplo, la huelga, por su uso constante. Sin embargo, de lo que hablamos,
ahora, es distinto, pues se trata no de una devaluación
por su uso, si se quiere, su abuso, debido al desgaste; sino de la devaluación de acuerdo a los contenidos y fines de la movilización
misma. Las movilizaciones sociales,
sobre todo, las anti-sistémicas, se
caracterizan por sus demandas de
contenido social. Esta característica lleva a la composición de la organización del movimiento social, a las organizaciones y sujetos sociales
involucrados, a interpelar al gobierno, a sus políticas, también al sistema mismo. La historia de los movimientos
sociales habla exhaustivamente de esta característica
interpeladora de los movimientos sociales. No vamos a
retenernos en esta rica historia de la movilización social; nos remitimos a
los textos donde nos ocupamos de los tópicos y temáticas de los movimientos sociales bolivianos y
latinoamericanos[1].
Lo que interesa ahora es detenernos analizar un fenómeno, que no deja de ser
sorprendente, el que denominamos la devaluación
de los movimientos sociales; se trata
de una devaluación estructural. Nos
referimos al empobrecimiento de los proyectos
sociales, sin hablar todavía del empobrecimiento de los proyectos políticos; también del
empobrecimiento de los contenidos y
los fines de la movilización.
Por ejemplo, si antes, durante el lapso de la movilización prolongada en Bolivia
(2000-2005), incluso antes, las movilizaciones sociales se constituían por la
defensa de los derechos adquiridos, conquistados y plasmados normativamente. En la medida que la movilización social se conforma
haciéndose cargo de demandas de mayor alcance, adquiriendo una connotación
política, el alcance de la interpelación
adquiere proyecciones nacionales; la defensa de los derechos se puede convertir
en defensa de la soberanía; por
ejemplo, defensa de los recursos
naturales. En la movilización prolongada, se sucedieron movilizaciones sociales de connotación
nacional, cuando la defensa de los bienes
comunes interpela directamente al gobierno y al proyecto neoliberal,
embarcados en una agenta de privatizaciones, de los recursos naturales, de las empresas estatales, de los ahorros de los
trabajadores. El 2000, particularmente la defensa del agua deviene en una
movilización regional, que compromete a la ciudad capital de Cochabamba y a la
región misma valluna. La forma de organización de la movilización social fue la
Coordinadora de la Defensa del Agua y de
la vida. La secuencia de
movilizaciones que atraviesan seis años de luchas sociales, corresponde a la historia reciente de las luchas sociales
y políticas emancipadoras, en el contexto de la implementación del proyecto
neoliberal.
Si comparamos esa etapa de movilizaciones con las que
se dan después del 2009, año de la promulgación de la Constitución del Estado
Plurinacional de Bolivia, veremos un contraste marcado. La mayoría de las
movilizaciones cambian de sujeto social,
cambian sus objetivos y trastocan sus contenidos. Un ejemplo particular es el
movimiento de los que venden ropa usada, que llega de contrabando. El sujeto social es casi, por así decirlo,
gremial; se trata de comerciantes al por menor, atados a comerciantes al por
mayor, que encuentran una estrategia de sobrevivencia en la venta de ropa
usada. Si se quiere, por lo menos gran parte de los “ropavejeros” son más
pobres, más vulnerables y dependientes; sin embargo, sus objetivos son
extremadamente limitados, circunscritos a una demanda de carácter, más bien
provisoria; además, inscrita en la demanda del derecho a comerciar, en
condiciones no normadas, ni aceptadas por la estructura institucional de la
economía.
No se trata de desconocer el derecho a defender la fuente de trabajo, que, en este caso, es la
venta informal de ropa usada, sino de comprender las condiciones y las
características de estas movilizaciones
sociales no-anti-sistémicas. Comprenderlas, más bien, como síntomas de su incompletud del sistema; también de su decadencia.
Hay que leer qué nos dicen estos movimientos, circunscritos a su provisionalidad propia, y a su
extremadamente corto alcance. Hay que entender el funcionamiento del contexto
donde se mueven estas movilizaciones
provisorias.
¿Se trata de movimientos
sociales que se hacen visibles cuando un gobierno popular no resuelve, de manera integral, la problemática
social y económica del país? ¿Se dan porque todo el mundo, sobre todo, los que
fueron excluidos, en este caso, los más excluidos, hasta ignorados, pues no
pertenecen a ninguna clase social, clasificada por la sociología, consideran
que, ahora, en las condiciones democráticas del gobierno popular, pueden manifestarse?
¿Estos movimientos señalan los límites
de las ciencias sociales, por lo tanto, los umbrales
de su desconocimiento de la complejidad
social? Estas preguntas requieren investigaciones en profundidad, de caso y
comparativas. En espera de ellas, lanzaremos algunas hipótesis interpretativas
y orientadoras.
Movimientos sociales provisorios
1.
Toda
sociedad o, mejor dicho, formación social,
sobre todo, estructurada sobre la base de la diferenciación social, económica, cultural y política, supone una
pluralidad de demandas distribuidas en el tejido
social. Estas demandas se hacen visibles cuando se manifiestan, en los
pliegos petitorios, en las movilizaciones,
en los reclamos e interpelaciones; incluso, realizándose, en las conquistas de
los derechos a las demandas; mejor, aún, materializándose en los hechos. Sin
embargo, esta evidencia de las demandas, no quiere decir que no haya demandas latentes o no dichas, no dadas
a conocer; también, demandas que no han adquirido una dimensión mayor al tamaño
del fragmento local, siendo débil en su enunciación o, incluso ocultada.
2.
Visto
de esta manera, no debería sorprendernos, que aparezcan demandas de carácter provisorio, muy circunscritas,
correspondientes a sujetos sociales
arrinconados más allá de los mismos márgenes reconocidos por las ciencias
sociales. Estas demandas, que podían haber estado en su condición latente o,
desconocidas, por su debilidad expresiva
o por haber sido francamente ignoradas, aparecen cuando se dan las condiciones de posibilidad de hacerlo.
3.
En
el caso de los “ropavejeros”, la demanda, si se quiere, de carácter “informal”,
por las características mismas de lo demandado, la demanda aparece con la movilización de los “ropavejeros”. Las
condiciones en las que aparece son las que permite el gobierno popular, que según su auto-identificación
es un “gobierno de los movimientos sociales”.
4.
Lo
sugerente es que este movimiento de
los “ropavejeros” afecta al supuesto proyecto de industrialización, así como a
la política de defensa de la producción nacional. El gobierno popular es cuestionado, no políticamente, menos
ideológicamente; tampoco por un discurso elaborado, sino de manera existencial, por así decirlo. La
presencia de los “ropavejeros” muestra los rincones de una sociedad
desconocida, a pesar de la ideología
y de las pretensiones de verdad de las ciencias sociales.
5.
La
pregunta: ¿Puede viabilizares un proceso de industrialización; disminuyendo el
alcance, un proyecto de defensa de la economía nacional, en sociedades donde
habitan sujetos sociales que se
encuentran más allá de la pobreza, y no tienen existencia legal en el campo económico? Para decirlo rápidamente,
los proyectos de industrialización, en su versión general, de “desarrollo”, son
elaborados considerando el referente
de una sociedad estructurada acorde al imaginario
institucional y a como las ciencias sociales lo define. No se trata pues de
la sociedad efectiva, que responde,
mas bien, a la complejidad dinámica
singular de la sociedad particular. Sin considerar nuestra posición crítica de la economía política de desarrollo[2],
diremos que no hay condiciones de
posibilidad del desarrollo, menos
en su versión de industrialización, cuando las sociedades institucionalizadas se
componen de estas exclusiones dramáticas y extremas, que convierten a parte de
la población en exceso desechable. La
incorporación al trabajo industrial,
de la revolución industrial, de la
población migrante a las ciudades y despojada de los medios de producción o
trabajo, es ya un reconocimiento
implícito en el campo económico y en el campo
jurídico. En sociedades donde no se produce esta incorporación, estas poblaciones quedan en condición de exceso desechable. Son un síntoma categórico de la ausencia de condiciones de posibilidades para el “desarrollo” y la industrialización. Si alguien se le
ocurre decir, que precisamente por esto, por esta situación desesperada, es
urgente el “desarrollo” y la industrialización;
hay que decirle que la industrialización
no es un desenlace de las buenas
intenciones, sino de la combinación
de disponibilidades de fuerzas, de
recursos, de masa crítica científica, de capacidad tecnológica y dosis de
ampliaciones democráticas. Esto, comprendiendo, la imbricación del contexto
nacional y el contexto internacional. Si no se da la industrialización y la presencia de las poblaciones del exceso desechable persiste, es porque no
existen las condiciones de posibilidad
para la industrialización. Que lo urgente es atender a estas poblaciones
ignoradas y así poder hablar con alguna coherencia de democracia, de profundización de la democracia, de “revolución democrática y cultural”.
6.
Estas
demandas y estos movimientos sociales
provisorios, son también intermitentes y discontinuos; aparecen y
reaparecen, en sociedades institucionales
que no se abarcan, no se completan,
no reconocen la existencia de todos
los sujetos sociales.
Ahora bien, lo que vimos, en el caso particular, el de
los “ropavejeros” que usamos como ejemplo, se trata de uno de los movimientos sociales no-sistémicos, que
se evidenciaron, después del 2009, incluso antes, el 2006, cuando estalló el
conflicto entre cooperativistas mineros y obreros mineros de la empresa
estatal. No nos vamos a referir, ahora, al cuadro de estos movimientos sociales; lo hicimos al respecto del movimiento social del cooperativismo
minero en otros escritos[3];
queremos, más bien, contrastar este movimiento
social no sistémico, de carácter provisorio y discontinuo, con otro movimiento social no-sistémico, de otras
características. Hablamos de movimientos
corporativos o sindicalizados, que, a
diferencia, del ejemplo anterior, no son pobres, ni se encuentran en el más allá de la pobreza; sino que son relativamente privilegiados al contar con la propiedad del instrumento de
trabajo, tener ingreso constante, aunque variado. Estos movimientos sociales no-anti-sistémicos manifiestan demandas del
sector, que buscan mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de
acceso a los medios de trabajo, a las condiciones tributarias que los
favorezcan. Tendremos como ejemplo, al sindicato de los transportistas, sus
demandas y sus movilizaciones.
La movilización
social no-anti-sistémica de los transportistas, responde a una estructura de demandas gremial, que
exige exenciones, que ayuden a
mejorar sus condiciones de trabajo, de ingreso y de desenvolvimiento. Como se
puede ver, los objetivos son limitados y circunscritos, benefician al gremio; están lejos de una convocatoria más allá del gremio. No
es una convocatoria a la sociedad o
parte de ella, solo al gremio mismo.
Se podría hablar hasta de una demanda
egoísta, pues desconoce el derecho de los usuarios. Por lo tanto, la legitimidad
del derecho reclamado no se legitima, pues, al desconocer otros derechos, pierde el valor de principio
político y democrático. Ya no es un derecho,
sino una reivindicación que adquieren
el perfil de un chantaje.
No se dice, de ninguna manera, que no se puede y no se
tiene “derecho” a reclamar por mejores condiciones de trabajo, de acceso al
medio de trabajo, a sus repuestos y otros accesorios; a buscar mejores
condiciones tributarias. Nada de esto, si se quiere, están en lo justo, desde la perspectiva de que todo
el mundo tiene derecho a mejorar sus
condiciones de vida. Sino, que si la demanda
se plantea en el campo de los derechos, para que sean tales, es menester
reconocer otros derechos y no
tirarlos por la borda, como si los únicos que existieran o tuvieran “derecho” a
tener derecho y reclamar, fueran los
del auto-referido gremio. Cuando ocurre esto, se cae en lo
que llamaremos el chantaje emocional.
Es a esta clase de movimientos
sociales que nos referimos cuando hablamos de devaluación de la movilización
social. Obviamente, el movimiento
social no-anti-sistémico de los transportistas no es el único perfil de los movimientos mencionados.
Los hay variados y distintos. En el
presente ensayo, no vamos a ser exhaustivos con el cuadro de estos movimientos;
nos interesa remarcar en el contraste entre este movimiento social no-anti-sistémico, que no es provisorio, ni intermitente, ni discontinuo, pues su organización
sindical permite la continuidad, la permanencia, la recurrente demanda, y el movimiento social no-anti-sistémico
provisorio. También ocurre porque son reconocidos,
existen legalmente en el campo económico y en el campo jurídico.
Se puede decir que el conjunto de estos movimientos sociales no anti-sistémicos,
gremiales y corporativos, tiende a
convertir los reclamos en derechos. No hay que olvidar que los derechos son universales, no particulares,
atendiendo a la formación discursiva moderna. Para aclarar y evitar
confusiones daremos un ejemplo; los derechos
de las naciones y pueblos indígenas
son derechos en el campo jurídico y
en el campo político, considerando lo que podría llamarse la evolución jurídica. Son concebidos en la
ideología jurídica como universales. Son universales también filosóficamente; corresponden a la humanidad, a la composición plural, múltiple y diferencial de la humanidad. La humanidad no sería humanidad
sino por su composición combinada, variada y múltiple de sus manifestaciones histórico-culturales.
Como se puede ver, no es el caso de los reclamos
gremiales, que se circunscriben a un discurso meramente gremial, quedando su demanda limitada al gremio. Para decirlo con tono teórico, sin pretensiones de verdad, diremos que los movimientos sociales no-anti-sistémicos, orgánicos y hasta
sindicalizados, circunscritos al sectorialismo
o al gremialismo, buscan la movilidad social, no la reforma social, menos la transformación social. No son, en
estricto sentido, movimientos que pueden convertirse en políticos, aunque puedan ser usados por políticos, pues su limitación gremial los circunscribe a
los límites de la economía institucionalizada.
Si se dan estos tipos de movimientos sociales no-anti-sistémicos, se debe a los desajustes del sistema mismo; también a las concurrencias
entre sectores y gremios, de contar con más privilegios.
No persiguen cambiar el sistema,
tampoco reformarlo; solo quieren ser
parte de él, en las mejores condiciones posibles.
Solo al populismo,
al “gobierno progresista”, se le puede ocurrir confundir este movimiento social no-anti-sistémico con
los movimientos sociales anti-sistémicos, de los que se reclama ser gobierno. Esta confusión comparte con
otra, se considera “gobierno de los movimientos sociales”; no puede serlo, no
solo porque es una contrasentido decirlo; no puede haber un “gobierno de los
movimientos sociales”. El gobierno ya
no es movimiento, ni corresponde a la
movilización, sino a la gubernamentalidad. Dejando de lado esta
observación teórica, la otra confusión es que no entiende que fue parte del conjunto de los movimientos
sociales anti-sistémicos durante la movilización
prolongada; nada más. Para ser “gobierno de los movimientos sociales” se
debe reconocer al conjunto de los movimientos sociales, ser parte de este conjunto; abarcar sus pluralidades y sus
demandas, sus derechos, sus proyectos, sus formas propias de
participar y ejercer la democracia.
En la medida que su particularidad,
la particularidad populista, pretende absorberlos y subsumirlos,
restringiéndolos a la trivial imagen que tiene de ellos, no hace otra cosa que
ratificar ser un gobierno como
cualquier otro, que pretende representar
a la totalidad, cuando esta totalidad ha desaparecido de la proyección de sus políticas.
Diseminación de la política
Dijimos que la política
desaparece justo cuando se nombra como tal en la modernidad; la política, cuyo sentido deriva de polis,
que connota el cuidado de la ciudad,
el cuidado del cuerpo, el cuidado de la sociedad, que, por lo
tanto, articula ética y política, desaparece en la modernidad,
cuando precisamente se separa ética
de política; reduciéndola a un método de astucia chabacana, el que
enuncia el fin justifica los medios,
que no es otra cosa que el enunciado
de la dominación descarada[4]. Este
es el contexto de la diseminación de la política. Esta diseminación adquiere formas peculiares
en los desenvolvimientos singulares
de esta diseminación, dependiendo de
las formaciones sociales singulares.
En Bolivia esta diseminación de la política ha asumido las características
de una simulación barroca. El
enunciado el fin justifica los medios
ha llevado a los gobernantes y partidarios populistas a los más descarnados procedimiento
de “astucia” política, que deberíamos llamar descarnada manipulación. La ética
no solo habría sido separada de la política, sino que se hace gala de
haberla excluido completamente. En estas condiciones de la historia reciente de la política nacional, la diseminación de la política adquiere ribetes de decadencia desenvuelta y cruda.
No solo el autonombrarse “gobierno de los movimientos
sociales” es una sorna, ya no ironía, sino una mueca grotesca, en el contexto
del ejercicio de la convocatoria
prebendal; una vez desaparecida la convocatoria
de la movilización. Cuando, además, se hacen evidentes no solamente los límites de la segunda versión de los
gobiernos populistas, sino que considerando estos límites, deciden retroceder más
acá de lo que hicieron los gobiernos
nacional-populares de a mediados del siglo XX. Se trata de un gobierno que
ha desnacionalizado con los “contratos
de operaciones” lo que el decreto “Héroes del Chaco” había nacionalizado; se trata de un gobierno de mayor compulsión extractivista, no solo al
expandir e intensificar el extractivismo,
por lo tanto, la dependencia, sino
haber ido más allá que los gobiernos neoliberales con la Ley
Minera. Esta Ley no solo mantiene las proporciones tributarias al Estado,
demarcadas por el neoliberalismo, sino que hace concesiones inauditas a las
empresas trasnacionales del extractivismo minero, regalando el agua y
entregando los espacios anexos a las concesiones. Se trata de un gobierno que
ha delatado su vocación anti-indígena
en el conflicto del TIPNIS, desconociendo explícitamente, en la práctica, la
Constitución y los derechos de las
naciones y pueblos indígenas, consagrados constitucionalmente.
Empero, no son los únicos síntomas de la decadencia
y de la diseminación de la política,
hay otros, que tienen que ver con el ejercicio
cotidiano de la política. La
administración pública de las gestiones del “gobierno progresista” fue
lamentable, no solo pésima sino hasta catastrófica. Del aparato ejecutivo, el
único ministerio que funcionó y funciona es el de Economía y Finanzas Públicas.
En lo que respecta al Congreso; la mayoría absoluta populista se ha encargado
de avalar todos los actos del ejecutivo, a pesar que muchos de ellos develaban
vulneraciones de la Constitución. Aprobaron leyes y decretos sin haber tenido
tiempo de leerlos; llegando al extremo de haber aprobado contratos o convenios
que estaban escritos en inglés. La Asamblea legislativa se ha ocupado de
perseguir a los opositores, de encontrarles toda clase de delitos, para
anularlos.
El panorama municipal no deja de ser menos calamitoso;
la mayoría de los municipios administrados y gobernados por el MAS han sido caóticos,
además de haber caído fatalmente a otro método
del fin justifica los medios, el de
la apropiación de los recursos municipales; en otras palabras, la
corrupción. No contentos con esto,
cerrando los ojos ante un panorama tan destructivo, creyendo que se salvan de
la responsabilidad, llevando a juicio
y hasta la cárcel a unos cuantos chivos
expiatorios, desatan una actividad obstaculizadora, hasta agresivamente intervencionista,
de las administraciones y gobiernos municipales y departamentales que gestiona
la “oposición”. En algunos casos, donde ésta ha demostrado, por lo menos, una
buena administración, lo que hacen los partidarios del “gobierno progresista”
termina tirando por la borda lo poco conseguido como autonomías municipales y
departamentales.
Sin pretender una exposición más pormenorizada sobre
la decadencia y la diseminación de la política, en la coyuntura del “gobierno progresista” –
en esta exposición no es menester hacerlo[5] -,
esta breve descripción nos muestra
los niveles de la decadencia y el
grado de diseminación de una forma de gubernamentalidad clientelar,
de una expresión discursiva demagógica y del ejercicio del poder barroco; mezclando formas de poder institucionalizadas y formas de poder no institucionalizadas, formas de poder del lado luminoso de las dominaciones y
formas de poder del lado oscuro de las
dominaciones[6].
[5] Ver Prácticas
y cartografías de la impostura. http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/practicas-y-cartografias-de-la-impostura/.
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