Geopolítica del capitalismo dependiente
Geopolítica del capitalismo dependiente
El TIPNIS territorio del germen del Estado Plurinacional,
enemigo del Estado-nación.
Raúl Prada Alcoreza
La geopolítica de dominación
subalterna; es decir, de las burguesías
intermediarias, parte componente en la geopolítica
global del sistema-mundo capitalista, es la de profundizar la dominación
del sistema-mundo, de su cartografías
de centros y periferias, de la mecánica
y técnica del modo de producción
capitalista, que convierte a las periferias
en donantes de materias primas y fuerza de trabajo barata. Esta
profundización de la expansión interna
del capitalismo es singular, pues responde a las condiciones y características histórico-sociales del país en cuestión.
En Bolivia esta profundización del capitalismo se desenvolvió como economía
minera, primero, después como economía combinada minera e hidrocarburífera,
para terminar preponderando una economía sobre todo basada en la extracción y
venta del gas.
Aunque se haya desarrollado
la agroindustria, acompañada de la tala de bosques y venta de madera, fuera de
las economías campesinas y, si se quiere, la economía cooperativista, el peso
específico se encuentra en la explotación del gas y de los minerales. Se trata,
como dicen los economistas, de un modelo
primario-exportador. Sobre esta base económica extractivista se desenvuelve
la economía agrícola, basada en la ampliación de la frontera agrícola,
afectando a los bosques, a los ecosistemas, a las comunidades y pueblos que
habitan en las cuencas y sus entornos. La economía
de la coca forma parte de esta economía agrícola y es la economía más
rentable en este rubro.
En este proceso de
profundización del capitalismo
dependiente, la economía
extractivista tiene como obstáculo a los territorios de los pueblos indígenas, reconocidos y
constitucionalizados en la Constitución, así como se encuentran consagrados los
derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El gobierno popular,
que se autodenomina gobierno de los
movimientos sociales, además de representar a los pueblos indígenas, se mete en complicadas argumentaciones para
justificar su incursión punitiva en los territorios
indígenas, vulnerando sus derechos. Todas sus argumentaciones son
estrambóticas; desde la supuesta consulta, hasta la delirante geopolítica de la Amazonia, pasando por
las concepciones redituadas del desarrollismo
a ultranza, además, claro está, de las manipulaciones de las organizaciones
sociales, incluyendo el sabotaje, la división y la escisión de las
organizaciones indígenas, si no es su destrucción. Ahora, después de haber perdido el gobierno
la batalla de la VIIII marcha y haber empatado la batalla de la novena marcha,
y haber perdido la batalla de la Consulta, pues no pudo imponer su consulta
espuria, a pesar de haberla llevado a cabo, el gobierno intenta de nuevo
insistir en su proyecto carretero. El gobierno no pudo construir la carretera
que pasa por el núcleo del TIPNIS, siendo el núcleo mayoritariamente bosque,
donde hay escasas comunidades, pues la mayoría se encuentra en los territorios
bañados por los ríos Isiboro, Sécure e Ichoa. El gobierno quiere volver a
intentar imponer su estrategia extractivista,
barnizada con una discursividad superflua de geopolítica trasnochada.
¿Por qué lo hace, sabiendo
que el conflicto del TIPNIS le ha ocasionado un gran costo político? La geopolítica en curso no es la susodicha geopolítica de la Amazonia, que no es
tal, sino la geopolítica de la
integración económica y comercial, que apunta a conformar una plataforma de comunicaciones, que unan
el Atlántico, el océano del capitalismo de la revolución industrial, con el Pacífico, océano del capitalismo de
la acumulación especulativa y de la
industria desechable, combinada con la revolución
cibernética. El gobierno popular es un dispositivo de esta estrategia de expansión interior capitalista,
acompañando a los otros dispositivos estatales, como el gobierno progresista de
Brasil, dispositivo estratégico, por la condición de potencia regional, capaz de
articular una integración burguesa de mediana intensidad. El gobierno popular no tiene, en pleno
sentido de la palabra, una geopolítica;
lo que tiene es una estrategia económica
y política, que corresponde e la economía
rentista y al Estado clientelar.
Ciertamente, de estas características generales no se diferencia el gobierno
progresista de Brasil, tampoco el gobierno progresista de Venezuela, así como
el gobierno de la revolución ciudadana ecuatoriano; son también economías rentistas y estados clientelares. La diferencia está
en el tamaños de sus economías y en el tamaño de sus estados, donde el Estado
Federal de Brasil es el notoriamente el de más grande economía y de dimensiones
gigantescas del aparato administrativo.
En estas condiciones se
comprende que el modelo económico
populista se componga de estos tejidos subordinados de la dependencia,
configurando un perfil simple; una base extractivista minera e
hidrocarburífera, una agricultura expansiva, que se sostiene destrozando
bosques y expandiendo la frontera agrícola, una agroindustria que abastece el mercado interno con una tibia
incursión en las exportaciones, salvo la soya que, en realidad, es un
emprendimiento transfronterizo transgénico. En el entorno de este núcleo
estructural de la economía
dependiente, sobrevive la economía
campesina y, en mucho más baja escala, lo que queda de la economía comunitaria. Atravesando todos los intersticios, mediando
económicamente entre el Estado y las empresas trasnacionales, las compradoras
de materias primas, se encuentran como un tejido provisional la economía cooperativista, principalmente
minera. Endulzando esta economía
extractivista, que se administra como economía
rentista, se parapeta la estructura
del Estado clientelar, emitiendo su
discursividad demagógica y desplegando procedimientos coercitivos de chantaje. En este panorama
económico-social-político del capitalismo
dependiente no es aceptable la consolidación de los territorios indígenas, los que harían de contención ante la
expansión de la frontera agrícola, también de la frontera extractivista de las
concesiones mineras e hidrocarburífera.
Por lo tanto, el TIPNIS es visto por el Estado-nación como territorio enemigo, que tiene que ser
definitivamente subsumido a la desterritorialización
del Estado y al desierto capitalista.
La guerra de la madre tierra
reaparece; el gobierno populista ha anunciado sus nuevas incursiones punitivas;
esta vez con destacamentos de ingenieros, que entrarían a construir la
carretera, vulnerando nuevamente la Constitución y repitiendo el etnocidio
colonial, ante el asombro de los pueblos. La apuesta por el extractivismo a
gran escala ha avanzado mucho, el gobierno populista está no solamente empapado
en esta expansión interior del capitalismo dependiente, sino que es uno
de los dispositivos efectivos en este despliegue, sobre todo debido a su
máscara indígena y a su demagogia
populista, que desarman la capacidad de resistencia de los pueblos.
El modelo populista
Raúl Prada Alcoreza
Vamos a interpretar la coyuntura económica del país a partir de la memoria
de 2010 del ministerio de economía y finanzas públicas, una memoria que
básicamente hace una evaluación macro-económica y monetarista, que a pesar de
las restricciones descriptivas y reducidas a indicadores generales, nos permite
la excusa para hacer un recorrido al perfil y la estructura de la formación
económico y social boliviana. Además de evaluar los propios alcances del
discurso economicista y del discurso populista.
El ministerio de
economía y finanzas públicos en su memoria anual de 2010 dice que se estima un
crecimiento del 4.1 %, y que además la política económica se ha encaminado a
garantizar la estabilidad macro económica, a continuar con la política social
de apoyo a la población vulnerable, además del fomento al sector productivo. La
memoria dice que el desempeño de la economía se ha debido al dinamismo del
transporte, las comunicaciones, los hidrocarburos, los servicios financieros y
la industria manufacturera, además del continuo trabajo de la construcción y
servicios básicos. Aunque el crecimiento minero fue negativo, asociado a
conflictos sociales, particularmente el de potosí. Por otra parte,
el sector agropecuario tuvo un leve decrecimiento debido a efectos climáticos. Los
indicadores externos mostraron saldos positivos, los depósitos y créditos del
sistema financiero alcanzaron nuevos niveles récord, la bolivianización de la
economía se aceleró. La solidez del sistema financiero también se evidenció. Los
créditos del banco de desarrollo productivo (bdp) y la creación del fondo
propyme unión continuaron promoviendo el acceso al financiamiento y fomentando
la actividad productiva, especialmente de los pequeños y medianos productores. Se
dice también que se registró un superávit en las cuentas públicas; esto debido
a mayores ingresos, principalmente tributarios e hidrocarburíferos, así como al
control del gasto corriente. El nivel de recaudación superó el nivel del año
pasado, esto asociado al desempeño económico y a la eficiencia tributaria. Por
el lado del gasto fiscal, el incremento de recursos necesarios para las
actividades de mayoreo de las empresas públicas estratégicas determinó un
incremento de las partidas de bienes y servicios que incidió mayoritariamente
en el crecimiento del gasto corriente. El año de evaluación de la memoria la
inversión pública superó los 1500 millones de dólares, asignándose mayores
recursos a la infraestructura, a proyectos sociales y al sector productivo. No
se ve con preocupación la deuda interna y la duda externa; la primera llega al
23 % y la segunda el 15 % del PIB.
Como se puede ver
estamos ante un análisis típicamente monetarista, no muy distinto a los
análisis que se hacen en otras partes y en los gobiernos anteriores. La
diferencia radica en el papel del estado, que ciertamente creció y tiene una
mayor participación que en los periodos de implementación del proyecto
neoliberal. Lo que se muestra con mayor notoriedad son los logros en el
equilibrio macroeconómico, que en comparación con los periodos neoliberales, se
logró con mayor eficacia. ¿Pero, esto qué nos dice? ¿Mayor consecuencia
respecto a las políticas monetaristas? ¿Esa es una buena señal cuando se trata
de transformar el modelo económico extractivista e incursionar en un modelo
productivo que salga del paradigma primario exportador? ¿No se debería
proyectar la política económica a una agresiva campaña de inversiones en los
sectores productivos, prioritariamente en los que tienen que ver con la
soberanía alimentaria, además de encaminarse seriamente a la industrialización
de las materias primas? ¿Importa el equilibrio? ¿No es necesario y hasta
urgente un desequilibrio dinámico destinado a una estrategia de inversión en la
producción? Estas son las preguntas a las que hay que responder. No
convence el seguir una política tan conservadora cuando se trata de transformar
la estructura económica extractivista, comercial, informal y soyera. Sólo sirve
de propaganda, incluyendo los modestos alcances de la política
social.
La memoria estima que
son como unas tres millones de personas las que se beneficiaron con las
trasferencias condicionadas, cerca del 30% de la población boliviana. Por ese
camino se ponderan los logros de la alfabetización, el programa Bolivia cambia,
evo cumple; también tarifa dignidad y vivienda solidaria, aunque con menos
incidencia y más problemas en su cumplimiento. Son ciertamente de impacto
inmediato la política de los bonos, empero no dejan de ser medidas de corto
plazo; no llegan a resolver los problemas estructurales, pues las condiciones
que determinan estos problemas se mantienen y no desaparecen con estas medidas.
Lo que llama la atención es que ya en la segunda gestión de gobierno no se
cuente con políticas a mediano y largo plazo, no se cuente con estrategias
transformadoras y se siga optando por medidas coyunturales que terminan
convirtiéndose en intrascendentes, pues no modifican la estructura de
exclusiones y desigualdades.
Se dice que la
pobreza moderada bajo del 56% al 50% y que la pobreza extrema lo hizo casi del
30% al 26%. No dejan de ser modestas estas variaciones en un gobierno popular y
en proceso de cambio. No hay una política radical de erradicación de la
pobreza; todo se parece a los objetivos del milenio, que es una herencia de
gobiernos anteriores en acuerdos con la cooperación internacional. Lo mismo
podemos decir de la reducción del desempleo que habría disminuido de un 7% a
menos de un 6%. No se habla del subempleo ni del desempleo encubierto. La
verdad es que no se ha resuelto el gran problema de las fuentes de trabajo,
estables y con pleno reconocimiento de los derechos sociales de los
trabajadores. El ministerio de economía y finanzas no salió del discurso de
propaganda, cuando lo que le compete al gobierno es un agudo análisis de la situación
y enfrentar los problemas de manera abierta y crítica.
Lo que se ha notado
es un incremento en la construcción con la participación compuesta de crédito
bancario privado y empresas constructoras privadas. ¿A qué se debe este auge de
la construcción, sobre todo de edificios de vivienda y de oficinas? ¿Gran
disponibilidad de dinero de los bancos, que se dice que supera los cuatro mil
millones de dólares? ¿Especulación financiera y de la construcción? ¿A qué se
debe esta sobreoferta de viviendas caras en las ciudades del eje central? ¿Por
ahí va la solución a los problemas de la transformación económica, de la
exclusión y la desigualdad? la verdad es que este auge contrasta con el pobre
rendimiento de los programas de vivienda social, programas además llenos de
obstáculos y con múltiples denuncias de corrupción. La iniciativa privada de
sobreoferta de departamentos para las clases medias altas contrasta con los
exiguos alcances de la iniciativa pública en los programas de vivienda social.
no vamos a preguntarnos por qué no se nacionalizó la banca, que forma parte del
sistema financiero internacional, puesto que esto no está al alcance de un
gobierno populista que no ha cumplido con la nacionalización de los
hidrocarburos. Vamos a preguntarnos por qué no se ha condicionado a la banca a
orientar el crédito a la producción y el crédito a los estratos necesitados. ¿Qué
clase de compromisos tiene el gobierno con la banca para que no cuente con una
política financiera clara y de transformación?
En la memoria se llama
la atención sobre las políticas encaminadas a superar el modelo primario
exportador; se menciona el apoyo a 16000 pequeños productores a través de etapa,
contribuyendo a la producción de trigo, arroz, soya y maíz. Estos apoyos no
dejan de ser importantes a partir del bdp y del fondo propyme unión, pues
tienen incidencia en los rubros que pueden armar las condiciones para la
seguridad y soberanía alimentaria, empero, los alcances de estas iniciativas
son todavía modestas; 184 millones de dólares por parte del bdp y 4,2 millones
de dólares por parte del fondo. ¿Por qué no se tiene una política agresiva en
este terreno?
Volviendo a las
reflexiones sobre el ornitorrinco debemos preguntarnos: ¿a qué figura se parece
el perfil de la formación económica y social boliviana? estamos ante un perfil
económico cuya base densa y fundamental radica en el extractivismo de
hidrocarburos y minerales, con cierto peso de la producción agrícola y
agroindustrial destinada al mercado interno; esta última, la producción agrícola
y agroindustrial, también con acceso reciente al mercado externo. La
construcción y la manufactura tienen su importancia, sobre todo la primera, que
no ha dejado de tener incidencia, incluso en tiempos difíciles de la crisis; la
segunda sobre todo en lo que tiene que ver con la producción alimentaria, sin
descartar la industria textil con todos sus altibajos. En la memoria se dice
que la producción de gas creció en el orden del 16,7 %, en tanto que la
producción de petróleo en el orden de un 2,3 %. La construcción tuvo un
crecimiento promedio desde el 2006 al 2010 del orden del 10%. Ahora bien hay
que diferenciar los montos comprometidos tanto en hidrocarburos como en la
construcción; la participación del petróleo crudo y gas natural en el pib es el
doble de la participación de la construcción. Lo mismo ocurre con los minerales
metálicos y no metálicos, cuya participación es el doble que la participación
de la construcción. Bajo esta misma comparación, la participación en el pib de
la industria manufacturera es el quíntuple que la participación de la
construcción. La participación en el pib de la agricultura, silvicultura, caza
y pesca es el cuádruple que la participación de la construcción. En comparación
la participación del comercio es dos veces y medio que la participación de la
construcción y la del transporte, almacenamiento y comunicaciones es el triple
y medio que la participación de la construcción. comprendiendo este cuadro,
¿qué quiere decir esto? si nos basamos en el esquema que divide la economía en
tres sectores, primario, secundario y terciario, siendo el primario el
extractivista, el secundario el de la industria y el terciario el de los
servicios y el comercio, podemos decir que si bien el ingreso del país depende
básicamente de las exportaciones hidrocarburíferas y minerales, se nota el peso
creciente de los servicios y el comercio en el gasto, en el empleo, en el uso
del excedente. Lo que se llama industria no deja de ser un espacio intermedio
bastante exiguo, sin identidad propia, altamente vulnerable, dependiendo de los
vaivenes del mercado interno, a pesar de su reciente incursión en el mercado
externo.
Desde el punto de
vista de la estructura social, no hay propiamente una burguesía industrial,
como ocurre por ejemplo en Brasil; lo que puede observarse es una burguesía
banquera y comercial, fuertemente articulada a un núcleo de formación de la
burguesía agroindustrial, ligada a los latifundios del oriente del país. El
papel del estado ha cobrado peso desde la nacionalización de los hidrocarburos,
incursionando en la formación de empresas estatales, que sin embargo no han
terminado de consolidarse, salvo quizás EMAPA. De acuerdo a informes del mismo
gobierno, se dice que el estado tiene una participación del 32 % en la economía
del país.
Ahora bien, desde el
punto de vista de la formación de capital, no parece formar un capital estatal
el ingreso por concepto de exportaciones de hidrocarburos y minerales, pues no
hay acumulación de capital, es decir valorización dineraria, inversión en el
sentido de la acumulación capitalista. Más parece ser una masa importante de
disponibilidad dineraria, de ingreso, tragada por el tesoro general de la
nación, por el presupuesto, con fines de gasto y de distribución. Lo que quiere
decir que las grandes empresas estatales no son manejadas en términos de la
formación de capital sino como dispositivos de captación de recursos
dinerarios, el excedente no se convierte en plusvalía. Sin embargo, la
formación de capital se produce en la burguesía bancaría, comercial y
agroindustrial.
En esta descripción
se puede ver que ni el estado ni la burguesía industrial están realmente
interesados ni en una primera ni en una segunda revolución industrial. El
estado está atrapado en la captación de recursos dinerarios, destinados al
presupuesto, también a la acumulación de reservas, que ya llegan a más de los
doce mil millones de dólares; empero, se encuentra como rezagado respecto a la
tarea de desarrollar una política de revolución industrial. La burguesía
financiera, comercial y agro-industrial tampoco está interesada en una
inversión de magnitud hacia una revolución industrial. La banca se encuentra
conforme con la generación de ganancias debido a la captación del ahorro, la
intermediación financiera y la especulación financiera; la burguesía
agroindustrial está interesada en la ampliación de la frontera agrícola,
transfiriendo los costos de su crecimiento y enriquecimiento a la naturaleza;
la burguesía comercial prefiere seguir creciendo aprovechando su papel
intermediario en la circulación de mercancía. Los pequeños núcleos industriales
estatales y privados están muy lejos de articular e integrar un proyecto de
revolución industrial.
Cuando se habla de
revolución industrial, se lo hace más desde un imaginario estatal, que orienta
la política económica, de la inversión económica, más en la apertura a la
construcción de una logística, de una infraestructura económica, ligada
fuertemente a la construcción de carreteras. Se han recuperado fundiciones,
cono la de viento, que no abastece en absoluto para atender a la producción
minera, que sigue exportando en la condición de minerales y materia prima. El
complejo de Karachipampa no termina de comenzar a funcionar como se debe;
tampoco hay otros proyectos de fundición de minerales, salvo el incierto
proyecto siderúrgico del mutún, que no termina de instalarse y de funcionar. Por
lo tanto no podemos hablar de una industria pesada y de unas industrias
livianas articuladas. Estamos ante fragmentos dispersos, islas, que no logran
formar una plataforma industrial. La industrialización sigue siendo un sueño,
un imaginario, que no se toma en serio, pero sirve para el discurso de
propaganda.
En este sentido, no
se puede hablar de desarrollo, en el sentido de la interpretación que hacían
los nacionalistas del siglo pasado, cuyo eje era la sustitución de
importaciones. Aunque haya crecimiento económico, variaciones positivas del
producto interno bruto, acumulación de reservas, no hay desarrollo, no hay
acumulación de capital. Lo que hay es expansión del modelo extractivista, mayor
dependencia de las exportaciones de materias primas, mayor control del estado
en la captación de los recursos monetarios, participación en el control
administrativo de las empresas públicas, hidrocarburíferas y mineras, pero no
formación de un capitalismo de estado, aunque este proyecto haya estado en
ciernes en los proyectos políticos. El capitalismo de estado es un proyecto, no
una realidad.
No hay desarrollo, en
el sentido mencionado, lo que hay es crecimiento, un crecimiento que permite la
formación de una burguesía financiera, comercial y agroindustrial, un
crecimiento donde el estado juega un papel importante como administrador y
captador de recursos monetarias, un estado que no llega a ser empresario. Este
crecimiento se basa en la súper-explotación de los trabajadores, la mayoría de
los cuales está reducido a su condición informal o de proletariado nómada, que
no se encuentra sindicalizado, tampoco goza de derechos y de seguro. Se han
formado miles de micro-empresas sobre la base de la explotación familiar y
explotación semi-esclava, parecidas a las condiciones salvajes del capitalismo.
En este panorama se distribuyen de manera dispersa algunas industrias textiles
y de alimentos que no llegan a articular una plataforma industrial. El
crecimiento del núcleo agro-industrial se basa en la expansión de la frontera
agrícola, por lo tanto en la transferencia de los costos a la naturaleza.
Lo que sí se puede
constatar es la presencia gravitante de empresas trasnacionales en la minería,
así como en los hidrocarburos, aunque estas últimas aparezcan supuestamente
nacionalizadas y como empresas de servicios. Por lo tanto un peso condicionante
en el campo económico son estas empresas trasnacionales.
¿Qué tenemos entonces
como figura del perfil económico? la descripción se parece a la mayoría de las
economías de las periferias del sistema-mundo capitalista; se trata de espacios
de extracción y explotación de recursos naturales que alimentan la insaciable
maquinaria del capitalismo. Se trata de países altamente dependientes y
fuertemente condicionados por el mercado internacional. Países que se reducen a
la relación incongruente y desarticulada entre un sector primario, dedicado
primordialmente a la exportación, y un sector terciario, cuyo servicios y
comercio conforman el mercado interior. La industria es incipiente, dispersa y
fragmentada, no logra abastecer a la demanda interna y enfrenta la competencia
de la importación y el contrabando. Si se forman burguesías, estas son mas bien
intermediarias, mas bien vinculadas a la globalización, y no cuentan con un
proyecto nacional.
¿Esto significa que
hay que retomar el proyecto desarrollista y el proyecto nacional, tanto en su
versión de capitalismo de estado o en su versión de burguesía nacional? de
ninguna manera; no tanto porque estos proyectos son tardíos, sino porque
enfrentan limites en la lógica de la acumulación ampliada de capital; sólo
pueden disputar los términos de intercambio, no se proyectan a cambiar las
estructuras de la dominación mundial del sistema capitalista. Por otra parte,
una industrialización al estilo de las potencias emergentes, como Brasil, la
india, México y sobre todo china, solo puede darse bajo costos muy altos
ecológicos y de explotación salvaje de la población trabajadora. Además, que en
el contexto de la globalización y la crisis del capitalismo, lo que hacen estas
potencias emergentes es ampliar los plazos de la crisis del capitalismo,
modificando las estructuras de mediación de las formas de dominación y la participación
en la acumulación ampliada de capital. La tarea de los proyectos emancipatorios
en las periferias del sistema mundo capitalista es, mas bien, contribuir a la
abolición del capitalismo aperturando un horizonte civilizatorio alternativo.
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Descripción:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL BALA, ACORDE AL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN (ENDE 2016)
Para llegar a una alternativa optima, un total de 22 concepciones de proyecto fueron evaluadas, considerando los angostos del Susi, Bala, Chepete y Beu, como posibles sitios de implementación de obras. Posteriormente se trabajó en la evaluación de alternativas, aplicando una metodología de análisis tipo multicriterio, que tomó en cuenta criterios de tipo: ambiental, social, técnica y económica-financiera. En el mismo, en la ponderación de los criterios de evaluación, un mayor peso fue asignado a las áreas ambiental y social, garantizando así que la alternativa elegida sea la ambientalmente más adecuada. Esta solución deberá ser optimizada en la siguiente etapa de los estudios (Estudio de Diseño Técnico de Preinversión EDTP).
Componente 1: Chepete 3.251 MW (Potencia instalada)
El embalse lo formaría una presa vertedero de gravedad, la presa tendría 183 m de altura. El embalse en su nivel máximo extraordinario, tendría una superficie de 680 Km2.
Componente 2: Bala 425 MW (Potencia instalada)
El Componente 2: Bala, es un aprovechamiento de “pasada” (run off the river), sin embalse, situado a 2,5 Km aguas abajo del angosto El Bala. Este componente aprovechará las aguas reguladas y de rebose del Componente 1, Chepete, además de las aguas aportadas por los afluentes entre estos dos sitios. El área de impacto máximo de este componente sería 93 Km2.
Potencia y energía Proyecto Hidroeléctrico El Bala
La Potencia Instalada Total Proyecto Hidroeléctrico El Bala, resultado del Estudio de Identificación (ENDE -2016) es de 3.676 MW, con una generación total de 18.048 GWh/año.
Ubicación: Beni - La Paz
Tipo Energia: Hidroeléctrica
Empresa Ejecutora: ENDE Matriz
Financiador: ENDE Matriz
Potencia: 3.676 MW
Situación Actual: Estudios de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP)
Etapa del Proy.: Preinversión
Fecha Inicio Proyecto: 2008 (Etapa de Estudio)
Fecha Finaliz. Proyecto: 2025
Fecha Inicio Operación: 2025
Bolivia: críticas a megaproyecto hidroeléctrico en El Bala
WRM Movimiento Mundial por los Bosques tropicales
La cuenca baja del Río Beni en el oeste de Bolivia, que abarca parte de la zona andina y parte de la Amazonía, está amenazada por la instalación de un megaproyecto hidroeléctrico, que está provocando gran inquietud a nivel de los pobladores locales, ONGs ambientalistas y círculos académicos.
El área abarca una superficie de 68.000 km2, presentando alturas que van de 6.500 metros s.n.m. a 200 metros s.n.m. en un tramo angosto del bajo Beni, conocido como el Bala. Este fue el lugar elegido para la construcción de la obra. Dadas las características de relieve e hidrográficas de la región en cuanto a su potencial para la generación de energía hidroeléctrica, desde hace cincuenta años se viene hablando de este proyecto. A partir de 1998 se le dio un nuevo impulso declarándolo de "prioridad nacional" y ahora se encuentra en la fase de licitación para la elaboración de los términos de referencia de los estudios de prefactibilidad. Sin embargo la zona no es un "espacio vacío", como lo ven los planificadores desde esferas oficiales. Por el contrario, la misma comprende una riquísima flora y fauna, dado el gradiente altitudinal, que permite la existencia de diferentes tipos de ecosistemas forestales, como bosque tropical seco, selva húmeda y bosque pluvial subandino. Asimismo, en la cuenca hay cinco áreas protegidas, dos de las cuales --el Parque Nacional Madidi y la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas-- se encuentran en el área de influencia directa de la represa. Más importante aún, en el área amenazada habitan unas 1.000 personas, la gran mayoría de las cuales pertenece a culturas amazónicas tradicionales ---como los chimanes, los tacanas y los mosetenes-- pueblos que desde hace décadas vienen siendo sometidos a un proceso de aculturación por el avance de la frontera agrícola y la deforestación en sus territorios.
Un estudio recientemente publicado por el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) revela los impactos ambientales, sociales y económicos de carácter negativo que el proyecto traerá consigo, en caso de ser ejecutado. La apertura de caminos significará --como ha sucedido en la Amazonía brasilera-- la instalación de vías de penetración para madereros, cazadores y colonizadores. El llenado del embalse dejará anegada una superficie de 2.505 km2, enteramente ocupada por bosque primario, lo cual provocará la pérdida definitiva de la vegetación y la huida de la fauna local. El flujo hídrico, de nutrientes y de sedimentos se verá completamente alterado, lo que traerá consecuencias aguas abajo, afectando a la población campesina. Se teme que la baja calidad del agua que saldrá de la represa --por su alto grado de eutrofización-- la hará inutilizable. Por otra parte, si bien desde el punto de vista ingenieril la represa podría servir para la contención de las crecidas anuales que afectan a las poblaciones de Rurrenabaque y San Buenaventura, las últimas investigaciones en materia de conservación y manejo de ríos indican, por el contrario, que el mantenimiento de áreas de inundación natural resulta esencial para beneficiarse de la dinámica del curso. Incluso desde el punto de vista económico el proyecto resulta inviable, ya que la prevista venta de energía al Brasil no logrará compensar los gastos que implica la obra, para la cual, además, el estado boliviano deberá endeudarse aún más.
Los días 21 y 22 de julio ppdos. en la población de Rurrenabaque, se realizó un Seminario-Taller organizado por el Foro Paceño a efectos de analizar este problema. Presentados los estudios realizados acerca de los impactos esperados, así como antecedentes de obras de este tipo en Colombia y Brasil, los concurrentes --pobladores de la región, representantes de comunidades indígenas y campesinas, responsables de las áreas protegidas, organizaciones e instituciones de la zona y algunas autoridades locales-- expresaron su punto de vista crítico al proyecto de El Bala. Asimismo exigieron que previo al estudio de prefactibilidad debería considerarse los impactos esperados y focalizarse en alternativas de desarrollo sustentable para la región.
Fuente: Boletín Nº 38 del WRM, Setiembre de 2000
El Bala, el alto costo socioambiental de la energía
Un proyecto considerado prioritario por el gobierno amenaza a la Amazonía boliviana.
Miriam Telma Jemio/La Pública
La mayor riqueza biológica de Bolivia se anida en las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas, ubicadas en la Amazonía paceña. El riesgo de un impacto negativo, como la desaparición de parte de fauna, flora y del patrimonio cultural de los indígenas chimanes, tacanas y mosetenes, habitantes de esa zona, parece inminente a causa de la inundación que producirá la construcción de una megarepresa.
“Estaba calculando que (con) El Bala, ojalá algunos fundamentalistas o ecologistas no perjudiquen, La Paz puede ser el centro energético con hidroeléctricas”, presidente Evo Morales(ABI: 19/01/15)
La obra de inmensas proporciones pertenece al Proyecto Hidroeléctrico Angosto de El Bala, ideado en los años 50 del siglo XX y repuesto en 2007 por el actual gobierno que lo ha declarado de prioridad nacional. El objetivo es generar energía y exportarla.
Esta aspiración, basada en el potencial energético que representa situarse en la cuenca del río Beni, ha motivado, en cinco décadas, a distintos gobiernos que intentaron realizarla. El biólogo Marco Octavio Ribera y el hidrólogo Jorge Molina recuerdan, cada quien por su lado, que la gestión de Hugo Banzer (1998) fue la última que lo intentó.
Con la venia del primer mandatario Evo Morales, el pasado 6 de julio, el presidenteejecutivo de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), Eduardo Paz (iz), y el gerente general para Latinoamérica de la empresa italiana Geodoata, Nicola Ruga (der), firmaron el contrato para iniciar el estudio de identificación del proyecto hidroeléctrico El Bala, cuyo potencial oscila entre 1.600 y 4.000 megavatios de electricidad.
Ese trabajo costará 22 millones de dólares y comprenderá una serie de estudios socioambientales y técnicos, además de la propuesta de dos alternativas: la construcción de una megarepresa en el Angosto de El Bala y la edificación de más de dos represas en forma de “cascada” en la cuenca del río Beni. El Bala está ubicado sobre el río Beni, a 16 kilómetros del municipio de San Buenaventura, en el norte del departamento de La Paz.
En esa década, el debate se instaló en una serie de eventos (seminarios, encuentros binacionales, foros, simposios y otros) con la participación de expertos, científicos, población potencialmente afectada y ambientalistas. Las conclusiones fueron que la construcción de la hidroeléctrica era inviable técnica, ambiental y económicamente. Establecieron que el costo socioambiental iba a ser inevitable en el Parque Nacional Madidi y la Reserva Biológica (RB) y Tierra Comunitaria de origen (TCO) Pilón Lajas.
Tras seis décadas de su idea inicial, el gobierno de Evo Morales ha puesto en marcha el proyecto con la contratación de la empresa italiana Geodata Engineering SpA, la cual realizará el estudio de factibilidad.
Prioridad nacional para exportar energía
Leyes y decretos declaran prioritario al proyecto.
El 14 de julio de 2007, se promulga el Decreto Supremo N° 29191, en su Artículo 1°, declara de interés y prioridad nacional el aprovechamiento de la cuenca del río Beni y definir los mecanismos a través de los cuales se realizarán los estudios que se requieran hasta el diseño final, para impulsar el proyecto hidroeléctrico El Bala.
Este proyecto tiene gran importancia para el actual gobierno, sobre todo para cumplir su meta de generar alrededor de 13.000 megavatios (MW) de energía eléctrica hasta el año 2025, 10.000 de los cuales serán para la exportación, según el Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
Ubicación de las cuatro hidroeléctricas prioritarias para cubrir la meta del año 2025.
A través Ende, se busca cubrir el objetivo con tres megaproyectos: al menos 11.000 MW con El Bala, Rositas y la binacional Riberao (río Madera). Una cuarta, Cachuela Esperanza, también de larga data y cuyo estudio de prefactibilidad costó más 8 millones de dólares, ya debía ser ejecutada según el cronograma de Ende. Hasta la fecha no se inició la megaobra y se continúan realizando estudios. Expertos como Wálter Justiniano, Molina y Ribera han señalado en reiteradas oportunidades que no sería competitivo el costo de la energía que pueda generar Cachuela Esperanza. Se estima un costo de 65 dólares el megavatio, cuando el que producen las hidroeléctricas de Brasil no pasa de los 43 dólares (2012).
Un proyecto inviable técnica y económicamente
El angosto de El Bala está ubicado entre las provincias Franz Tamayo de La Paz y José Ballivián del Beni, en la serranía de Mamuque y Pilón Lajas. Una represa en el lugar no será beneficioso económicamente, sino perjudicial incluso, a decir de técnicos del Centro de Altos Estudios Nacionales (CDAEN), los que calculan en 20 mil millones de dólares ese daño, afirma el historiador e investigador Luis Antezana Ergueta, autor del texto “El Bala, crimen de lesa humanidad”.
El biólogo Marco O. Ribera habla de los impactos que generaría una megarepresa en el norte paceño.
Antezana realiza la afirmación recurriendo a estudios presentados en el foro “Impactos del proyecto múltiple de El Bala” (1999), cuando era impulsado por el entonces prefecto Luis Alberto Valle. En ese evento se conoció que hace millones de años, aquel estrecho era un lago y que por los sedimentos se fue formando una planicie en la que floreció una notable vida orgánica, como ahora se conoce. Para el historiador, volver a inundar el lugar sería un crimen “de lesa humanidad”
La propuesta de entonces consideraba una megarepresa de 205 metros de altura, lo que implicaría una inundación de 300.000 hectáreas (300 kilómetros cuadrados), comparable aproximadamente a la parte boliviana del lago Titicaca). (Figura 1)
Al revisar los términos de referencia del actual estudio encomendado a Geodata, la megarepresa tendría una altura de unos 150 metros (Figura 2) y formaría un reservorio de agua que inundaría más de 200.000 hectáreas (2.000 kilómetros cuadrados) en los valles de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey. Quedarían bajo el agua, tras los tres años que se estima tarda en llenarse un dique de es magnitud.
El biólogo e investigador Marco Octavio Ribera Arismendi señala que la anegación será mayor si a la construcción de la represa, se suman eventos de lluvias extremas, que pueden darse bajo fenómenos El Niño/La Niña (como en 2007-2008) o por otras anomalías climáticos globales como los registrados en 2013-2014.
Sus efectos se extenderían río arriba, hasta la región de Alto Beni, por más de 150 Km del curso fluvial. Incluso llegaría a las zonas de Muchanes, Inicua, Sararia o Santa Ana de Mosetenes. (Figura 3)
Ribera explica que la situación sería similar a lo sucedido con las pequeñas represas brasileñas Balbina y Samuel (250 y 215 Km2 respectivamente), donde las dimensiones originales previstas de los reservorios fueron duplicadas al transcurrir los años.
Tomando en cuenta las veces que se descartó el proyecto y ante la alta probabilidad de que sea inviable, el ingeniero Jorge Molina, docente e investigador del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Umsa, dice no comprender las razones que impulsan al gobierno a gastar varios millones cuando hay alternativas que considerar. Cita el caso de la represa Miguillasque -al igual que Zongo y Taquesi- tiene un tamaño adecuado a las necesidades de energía del país y representa un bajo impacto ambiental.
¿Son malas las represas? Ribera responde que depende del tamaño. Las que tienen infraestructura para generar por encima de 800 MW ocasionan efectos devastadores en las cuencas hidrográficas donde se instalan. En el caso de la Amazonía, hay un efecto doble porque generan un alto impacto en la biodiversidad y también en las culturas indígenas que son altamente vulnerables.
En 1995, la empresa consultora CBP elaboró un perfil de proyecto que recomendaba una presa de 169 metros de altura, con una central de 2.460 MW de potencia. Los análisis presentados en un taller realizado en la Academia Nacional de Ciencias, en 1999, mostraron que esa alternativa tampoco era viable desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. “Iban a provocar un mega lago, que no solo sería el más grande del mundo sino que sería demasiado grande en relación al caudal del río. Eso indicaba que la gota de agua que iba a entrar a ese embalse iba a estar años allí. En el fondo se iba a convertir en un pantano, magnificando los impactos ambientales que ya eran grandes”, explica Molina.
El hidrólogo Jorge Molina habla de los aspectos técnicos del proyecto.
Expertos en hidrología daban poco tiempo de vida útil a la represa debido a los sedimentos de este gran río, que son mayormente gruesos por su ubicación en el subandino cerca de los Yungas, señala Molina en un publicación hecha con Fobomade. La única forma de reducir la colmatación es con el dragado, lo cual tiene un alto costo.
Figura 4: La propuesta de Morris contemplaba dos represas.
En 1999, el gobierno de Banzer contrató – a través de la entonces Prefectura de La Paz- al doctor Greg Morris, quien presentó una alternativa que contemplaba la construcción de dos represas: una de 70 metros de altura (El Bala) y otra de 90 (serranía de Chepite), 40 kilómetros río arriba de la anterior (Figura 4). Esa opción reducía una tercera parte de la inundación (80.000 hectáreas) aunque generaría menos energía, 1.800 MW. Ribera, sin embargo, puntualiza que esta alternativa implicaba menores impactos ecológicos, pero significaba igualmente un elevado costo y riesgo socioambiental.
En 1999, el gobierno de Banzer contrató – a través de la entonces Prefectura de La Paz- al doctor Greg Morris, quien presentó una alternativa que contemplaba la construcción de dos represas: una de 70 metros de altura (El Bala) y otra de 90 (serranía de Chepite), 40 kilómetros río arriba de la anterior (Figura 4). Esa opción reducía una tercera parte de la inundación (80.000 hectáreas) aunque generaría menos energía, 1.800 MW. Ribera, sin embargo, puntualiza que esta alternativa implicaba menores impactos ecológicos, pero significaba igualmente un elevado costo y riesgo socioambiental.
Geodata analizará los posibles sitios de aprovechamientos sobre el río Beni, en el tramo comprendido entre Puerto Pando y Rurrenabaque, tomando en cuenta los aspectos técnicos, económico-financieros, ambientales y sociales.
En el plazo de 12 meses debe presentar un análisis del proyecto planteado por Heinrich Press en 1958, detallando las ventajas y/o desventajas del mismo. Y, también, un estudio de alternativas para aprovechamientos hidroeléctricos en cascada, que incluyen los angostos Susi, Bala, Chepete y Beu, identificando -en los cuatro casos- las ubicaciones más apropiadas para el emplazamiento de obras de una represa, casa de máquinas, obras de evacuación y control de crecidas y obras complementarias y auxiliares.
La empresa estatal ya realizó estudios geomorfológicos para conocer las propiedades geofísicas y geotécnicas de la zona determinando la caracterización de los macizos rocosos, su estabilidad y la dificultad de excavación, que es imprescindible contemplar ante la envergadura de la obra. Cuentan con planos de geología, geomorfología y mapas de riesgo, hidrogeológico y sismotectónico, entre otros.
Indígenas: obligados a desplazarse
“Estamos hablando de poblaciones humanas en riesgo de extinción, si son reubicadas o se dispersan de la zona“, M. O. Ribera.
Indígenas tacanas (josesanos), tsmanés y mosetenes, principalmente, son los que viven dentro las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas. Se trata de más de tres mil personas cuyas comunidades son altamente vulnerables por el estilo de vida que cultivan en medio de la naturaleza. Son poblaciones que fueron diezmadas a lo largo de los siglos por diferentes problemas como epidemias, avasallamientos, persecuciones, la explotación del caucho, entre otros.
Ribera describe que las zonas en los valles de Quiquibey, Tuichi, Hondo o Beu no son espacios baldíos. “Son lugares de frecuente actividad tradicional, en especial de cacería por la abundante presencia de vida silvestre, pero también de recolección y pesca, además de integrar sitios sagrados. Por tanto, son de enorme importancia para la supervivencia de las culturas indígenas de la región”.
Si los estudios de Geodata dan luz verde a la construcción de la hidroeléctrica, la inundación prevista alcanzará a las dos áreas protegidas donde también habitan comunidades interculturales (migrantes de tierras altas, principalmente quechuas). “Esto significaría la expulsión de más de doscientas familias indígenas y campesinas de sus bosques y tierras tradicionales, las cuales quedarían bajo el agua”, teme el biólogo.
Con esa apreciación coinciden investigadores y ambientalistas que en los años 90 rechazaron el proyecto con base en estudios y proyecciones realizadas sobre los impactos sociales y ambientales en ese ecosistema.
Se estima que entre 40 y 80 millones de personas fueron desplazas por las megarepresas en el mundo. Los principales afectados son los más pobres y vulnerables.
El secretario de la Madre Tierra de la Gobernación de La Paz, Gabriel Pari (del partido opositor Sol.bo), afirma que nada se puede hacer para evitarlo, puesto que el gobierno central está decidido a construir esa hidroeléctrica. Lo grave es que “el nivel del agua va a empezar a subir, los animales tendrán que buscar nuevo hábitat. No habrá resultado positivo para la gente que vive allá, en las comunidades indígenas. Económicamente va a (ser) rentable, pero ambientalmente no. La flora y fauna y las comunidades indígenas tendrán que buscar otro lugar. Eso es lo que va a pasar”.
En la Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas viven varios pueblos indígenas, en su mayoría chimán, mosetén y tacana, compuestos por familias numerosas y asentados en 25 comunidades dispersas.
La población que habita el área protegida y la zona de amortiguación externa, incluidos los centros urbanos, es de alrededor de 6.216 habitantes (1.357 indígenas y 4.859 interculturales).
La construcción de El Bala supondría inundar 1.200 kilómetros cuadrados a 16 kilómetros aguas arriba de las poblaciones de San Buenaventura (en La Paz) y Rurrenabaque (en Beni). Se afectaría aproximadamente a 1.200 personas que viven en esas poblaciones, a unas 2 mil que habitan en los alrededores y a 700 que viven en Pilón Lajas.
Cerca de un 25% de estas personas vive dentro de los límites de la reserva. En la zona de amortiguación externa, las áreas de mayor densidad poblacional corresponden a los centros urbanos de Rurrenabaque (4.959 habitantes) y Yucumo (1.404 habitantes), así como a la zona de colonización en el sector este y sur del área protegida.
El patrón de asentamiento en el Parque Natural y Área Natural Madidi es muy complejo, debido a su gran superficie y a la alta diversidad de regiones que abarca, según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
La población de las tierras bajas es esencialmente de origen indígena, perteneciendo a los grupos Tacana, Esse Eja y Mosetén. En total, el Área alberga unas 670 familias (3.500 habitantes), repartidas en alrededor de 33 comunidades.
Los centros urbanos más importantes en la zona de amortiguación externa del Área son Apolo al Sudeste (1.628 habitantes), San Buenaventura (1.670) y Rurrenabaque (4.959) al este, e Ixiamas al Norte (1.256).
En las tierras altas (más de 3.000 msnm una zona de muy difícil acceso por la topografía) están las comunidades Queara, Puina y Mojos. En la zona intermedia montañosa, 25 comunidades pequeñas, concentradas básicamente al norte de Apolo y al noroeste de Asariamas, hacia la frontera con Perú: Virgen del Rosario, Santa Rosa, Pata, Cruz Pata, Fátima, Mohia, Santa Cruz del Valle Ameno, San Antonio, Machua, Tigri Rumi, San Marcos, Unapa, Suyo Suyo, Asariamas, Buena Vista, Nogal, Raviana, Santa Teresa, Altuncama, 3 de Mayo, Mamacona, San Luis, San Andrés, Santa Bárbara y Sarayo
En la zona de las Serranías del Chepite se ubican las comunidades El Carmen, San Miguel, Quendeque y Bala. Hacia el Norte sobre el río Tuichi está San José de Chupiamonas.
El 60% del Madidi se halla bajo la categoría de Parque Nacional, donde está prohibido el asentamiento humano, y el 40% restante corresponde al Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) donde habitan las comunidades indígenas.
Los dos asentamientos indígenas más importantes de esta área son los tacana, que habitan sobre todo la zona de Ixiamas y Tumupasa, y los quechuas, un grupo disperso por la cuenca amazónica y que vive en las riberas del río Tuichi, cerca de la población de Apolo. Algunas comunidades araona habitan los bosques de tierras bajas.
Las comunidades originarias han consolidado hace años emprendimientos turísticos exitosos que han permitido, junto a otras iniciativas privadas, que cada año más de 40.000 turistas visiten el Parque Madidi. Hace dos décadas, ese número no superaba los 6.000.
Estas poblaciones indígenas viven de la cacería y la pesca, principalmente. Considerando que la represa impediría el flujo natural del río Beni afectando la dinámica reproductiva de los peces, adelanta Ribera- con la posible desaparición del recurso y la actividad de pesca en los siguientes años, ocasionando un considerable daño económico a la región.
Al respecto, Ende hizo un estudio previo con la Universidad Mayor de San Simón en 2010. Este 2015, licitó un nuevo estudio para profundizar el conocimiento sobre los ecosistemas acuáticos de la región, así como el aprovechamiento empresarial y de consumo familiar de los indígenas.
La consultoría fue lanzada en abril de este año con el objetivo de conocer la ictiofauna y las características ambientales de la cuenca del río Beni en el área de influencia del proyecto. Esto incluye un inventario exhaustivo de las especies de peces y el funcionamiento de los principales ecosistemas acuáticos.
- Lea también: Las hidroeléctricas Jirau y San Antonio frenarán el paso de los peces para su desove en el río Madera
La megarepresa interrumpiría un proceso o dinámica ecológico natural, pues dejaría de arrastrar y depositar los lodos ricos en minerales que fertilizan cada año los suelos de muchas zonas de selvas y pampas, lo cual afectaría negativamente, a mediano y largo plazo, a los ecosistemas y a la producción agrícola y ganadera de indígenas y campesinos que viven aguas abajo.
Estos mismos impactos fueron identificados en proyectos como de las hidroeléctricas brasileñas Jirau y San Antonio, o la nacional Cachuela Esperanza. En los primeros, fue el propio canciller David Choquehuanca que pidió explicaciones al gobierno brasileño sobre las consecuencias que habría en el lado boliviano. En 2007, se creó un Comité Insterinstitucional Boliviano liderado por el Viceministerio de Biodiversidad y la Cancillería, el cual cuestionó y planteó sus dudas sobre aspectos hidráulicos, sedimentación, ictiofauna y pérdida del potencial hidroeléctrico en la región.
La palabra de los potenciales afectados
Clemente Caimani, indígena de la comunidad Asunción de Quiquibey, habla sobre el proyecto.
Los indígenas saben de la amenaza. Desde hace más de una década, diferentes instituciones de la sociedad civil, activistas y ambientalistas les han compartido datos en diferentes eventos. Desde que el gobierno repuso el proyecto en 2007, exigen información oficial sobre los impactos en sus comunidades y medios de vida.
El líder del Consejo Regional Tsiman Mosetén (CRTMA), Germán Nate, afirma que no se les ha comunicado nada sobre el proyecto El Bala. El 24 de mayo, la Mancomunidad de Comunidades Indígenas y Campesinas del río Beni y Tributarios emitió un voto resolutivo que, en uno de sus puntos, demanda: “Exigimos al gobierno información detallada y sus repercusiones sobre el megaproyecto El Bala, exigimos la Consulta Previa, de buena fe, con las comunidades directamente afectadas, así como el Derecho del consentimiento libre, previo e informado, establecido por la Declaración de Derechos Indígenas, por las Naciones Unidas y ratificada por nuestro gobierno en la ley 3760 del año 2007”.
Justamente con proyectos como El Bala, dice Ribera, se vulnera la Constitución Política del Estado y leyes relacionadas, así como convenios internacionales suscritos sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La CPE, en su Artículo 30, Inciso 15,establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. El Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajosobre pueblos indígenas, determina como un derecho la consulta de buena fe siempre que el Estado impulse decisiones administrativas o legislativas, así como planes de desarrollo, texto similar al del artículo 19, sobre los derechos indígenas, de la Declaración de la Organización de la Naciones Unidas de 2007.
Lino Caimani, corregidor de la comunidad Asunción del Quiquibey (Reserva de la Bioésfera y TCO Pilón Lajas) anuncia la creación de una mancomunidad.
La incursión con obras como las previstas en las áreas protegidas afectará ríos, flora y fauna. Lino Illimuri, secretario de Educación y Cultura de la Cepilap, explica que “ese es el miedo que se tiene, por eso necesitamos que nos muestren cómo es el diseño del proyecto para verter una opinión clara”.
No solo la hidroeléctrica les preocupa, también la exploración hidrocarburífera en las áreas protegidas, para tratar esos temas los afiliados a la Cepilap se reunieron -entre el 5 y 6 de septiembre- en Rurrenabaque. En la oportunidad, resolvieron -entre otros puntos- respaldar a las comunidades que serán impactadas por la megarepresa. “Los pueblos indígenas optamos por el diálogo, por eso pedimos que las autoridades informen sobre el proyecto”, insiste Illimuri.
Los indígenas están preocupados porque saben que perderán sus hogares, que serán desplazados, así lo señalan en sus testimonios.
El hogar del oso jukumari, el gato andino, el mono Titi y las parabas, así como de centenares de otras especies, algunas de ellas endémicas, está en las áreas protegidas de Madidi y Pilón Lajas. Por ello, esa protección no es casual, sino una medida para conservar la biodiversidad natural y cultural y los bienes y servicios ambientales que son esenciales para la vida en esas áreas, en el país, en la región, en el planeta. Su importancia está reconocida en la Convención sobre la Diversidad Biológica.
Como permiten saber diversos estudios, el Madidi y Pilón Lajas forman el conjunto de áreas protegidas con mayor riqueza de ecosistemas y especies de Bolivia, con más de 7.000 especies de plantas, más de 800 especies de aves y 200 especies de mamíferos. Los mayores niveles de biodiversidad de Bolivia están en esa región: 50 diferentes tipos de ecosistemas, 180 especies de reptiles; 200 especies de anfibios; 300 especies de peces; 5.000 especies de plantas. Esto es más del 60% de la representatividad de especies del país.
Y todos los estudios previos, a los que se sumarán los de Geodata, reportan que ambas áreas serán impactadas negativamente con la construcción de la hidroeléctrica, lo que se traducirá en una pérdida de su biodiversidad. La consultora italiana debe dar especial relevancia a los aspectos ambientales con los cuales Ende evaluará la viabilidad ambiental del proyecto y decidirá sobre la continuidad de los estudios.
“Las áreas protegidas más espectaculares y de mayor riqueza natural y cultural del país: el PNANMI Madidi y la RB-TCO Pilón Lajas, recibirían el mayor impacto de inundación del megaproyecto hidroeléctrico. Se afectaría hasta un 60% de la superficie del Pilón Lajas”, advierte Ribera.
Este investigador estima que si la megarepresa llega a tener una altura de 150 metros, la cota del reservorio sería de 350 metros, lo que inundaría más de 200.000 hectáreas en los valles de los ríos Beni, Tuichi , Hondo y Quiquibey: “Todos los valles intramontanos de estas cuencas, desaparecerían bajo decenas de metros de agua. Las zonas por encima de 350 m, formarían ‘islas’ emergentes y dispersas de bosques, en las cuales ocurrirán procesos de extinción local de especies”.
El panorama previsible, añade el biólogo, es que los árboles más altos estarían con una masa de agua de más 100 metros por encima de ellos, otros -los más altos- quedarían con e agua casi en la copa y con el tiempo morirían por el cambio hidrológico y podredumbre.
Así las cosas, es muy posible que incluso se provoque la extinción de más de una especie.
Fue creado el 21 de septiembre de 1995. Es Madidi es una de las áreas protegidas de carácter nacional con mayor biodiversidad. Se caracteriza por su excepcional variedad de ecosistemas y su enorme riqueza de vida silvestre. El Área es de una gran belleza escénica, debido a la presencia de nevados, glaciares, lagunas altoandinas, profundos valles y cañones, farallones, ríos torrentosos y caídas de agua.
Existen numerosos sitios de importancia arqueológica tanto de origen incaico como de la cultura Mollo, incluyendo caminos precolombinos en las partes altas. Asimismo, el Área se caracteriza por una gran diversidad cultural, siendo el territorio tradicional de numerosos grupos étnicos, tanto en las tierras bajas como en las alturas.
El PNANMI Madidiestá ubicado en la región de mayor riqueza biológica de Bolivia. Su conservación tiene alcances no sólo en el ámbito continental sino mundial, pues constituye uno de los reservorios naturales más extraordinarios de recursos genéticos del planeta. Debido a su doble categoría de PN y ANMI, presenta una enorme potencialidad para desarrollar programas de manejo y conservación de vida silvestre de aplicabilidad regional. En la actualidad, se están implementando programas de manejo de vida silvestre con comunidades indígenas de la zona.
El Madidi en fotos
Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas
Dentro de la reserva y su área de influencia viven 25 comunidades indígenas, 1.394 personas, distribuidas en unas 238 familias. La comunidad indígena que mayor cantidad de personas presenta es la de Carmen Florida, con el 15,9% del total de la población. Uno de los principales medios de subsistencia y fuente proteínas para estas comunidades es la carne de monte y la pesca.
Pilón Lajas fue declarada como Reserva de Biosfera en 1977 por el programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, equivalente a una Área Natural de Manejo Integrado. Las reservas de biosfera buscan ser lugares de ensayo y demostración de métodos de conservación y desarrollo sostenible.
El 9 de abril de 1992 el Territorio Indígena (TI) y Reserva de la Biosfera (RB) Pilón Lajas fue creado mediante el Decreto Supremo Nº 23110 con el propósito de reconocer los derechos de las comunidades originarias mosetén y chimán ahí asentadas y preservar la biodiversidad y la integridad genética de la flora y fauna, considerando que: La política nacional de protección y conservación del medio ambiente, contemplada en el Decreto Supremo 22407 del 11 de enero de 1990, que declara la Pausa Ecológica Histórica, está dirigida de manera especial al proceso de planificación territorial, que garantice la perdurabilidad de los recursos naturales y formas de vida dignas para las futuras generaciones de bolivianos.
La región del Pilón Lajas por sus características específicas goza de una variedad de ecosistemas y de una alta riqueza de especies de flora y fauna, calificándola como una de las áreas de mayor biodiversidad en el país. La regulación de las cuencas de los ríos presentes en el área, como el Quiquibey, el Colorado y otros, reviste gran importancia para la protección de los poblados que se encuentran aguas abajo como Rurrenabaque y San Buenaventura, así como los acuíferos utilizados para la provisión de agua a los colonizadores.
Actividades turísticas
Ribera estima que todas las actividades de ecoturismo que se desarrollan en Madidi y Pilón Lajas, que pasan de los 60 emprendimientos de diversa índole, quedarían eliminadas, así como otros proyectos sostenibles. El panorama que vaticina es que las operaciones de turismo en la región colapsarían en el curso de pocos años, se quedarán sin peces, sin turismo y sin navegación fácil aguas abajo gran parte del año.
Illimuri, por su parte, afirma que son cuatro los principales emprendimientos turísticos de los indígenas que serían afectados: el Albergue Chalalán, San Miguel de El Bala, Villa Alcira y Mapajo Asunción del Quiquibey. Existen otros más pequeños también manejados por los indígenas.
Alternativas y proyecciones
La empresa estatal de energía reconoce que la hidroeléctrica representa desafíos ambientales de gran significación, los que requerirán una planificación ambiental de alto nivel técnico. Por eso, indica que esos aspectos prioritarios deben ser analizados en etapas tempranas del proyecto para incorporarlos en los diseños finales.
En Bolivia, entre otros, Fobomade, la Fundación Mundial para la Naturaleza y Lidema, principalmente, se pronunciaron con respaldo científico -antes de su construcción- sobre los impactos negativos de las megarepresas como las brasileñas Jirau y San Antonio, así como las nacionales Cachuela Esperanza y El Bala. Otras instituciones como CIPCA, CEDIB y la Umsa realizaron también investigaciones sobre los impactos de las megarepresas.
Comunaria de Pilón Lajas, moliendo maíz.
El referente mundial sobre los efectos adversos de las megadiques es el informe de la Comisión Mundial de Represas (CMR) emitido el año 2002. El informe Represas y Desarrollo: Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones señala que “a nivel mundial las grandes represas no han entregado los beneficios que sus promotores han predicho. Al mismo tiempo, los efectos negativos de las grandes represas han sido más cuantiosos de lo que se había antes imaginado”.
La CMR, establecida por el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) en mayo de 1998 en respuesta a la creciente oposición a las represas grandes, halló que los costos económicos, sociales y ambientales de los embalses grandes son altos y muchas veces mayores que sus beneficios, y que las alternativas hídricas y energéticas están disponibles, son viables, y en muchos casos no han sido puestas a prueba.
- Lea también: Los impactos de las grandes represas, según informe de la Comisión Mundial de Represas.
La CMR hizo la primera revisión mundial e independiente de las megarepresas, hallando que los costos económicos, sociales y ambientales son son altos y muchas veces mayores que sus beneficios, y que las alternativas hídricas y energéticas están disponibles, son viables y, en muchos casos, no han sido puestas a prueba.
El costo de la energía generada
Para Ende, el Angosto de El Bala tiene condiciones muy favorables para un proyecto hidroeléctrico, aprovechando no solo sus características físicas, sino también los grandes caudales del río Beni. Será, indica, una de las fuentes de energía más grandes del país. Por eso considera que es imprescindible un estudio integral que permita disponer de información actualizada y precisa sobre el aprovechamiento de aguas de ese sitio y de otros con características similares en la región.
En ese marco, ya realizó estudios geológicos, hidrográficos, sobre los ecosistemas de peces en la región influencia del proyecto. Solo este año, licitó al menos tres consultorías para profundizar esos estudios previos. El más importante y completo es el que adjudicó Geodata.
Según los expertos consultados, los costos en todos los sentidos serán mayores que los beneficios, cuando hay alternativas como las represas pequeñas que no causan tanto impacto, tal el caso de Zongo o Miguilligas, suficientes para cubrir la demanda proyectada de energía del país para 2025 y posteriores años.
La contraparte, es decir el gobierno, no se pronuncia. Para el presente reportaje, La Pública intentó e insistió ante las autoridades para saber en qué estado de avance está el proyecto, qué medidas se tomarán para mitigar los impactos socioambientales, entre otros aspectos. Los cuestionarios solicitados por los responsables de comunicación de los ministerios de Medio Ambiente, de Hidrocarburos y Energía, el Sernap y Ende fueron enviados en septiembre, sin que haya respuesta hasta la fecha.
Los indígenas de Pilón Lajas también hacen artesanías.
Mientras, Ende prepara una estrategia de comunicación para informar a los habitantes de la región sobre los beneficios del proyecto. Según los términos de referencia, la empresa que se adjudique ese estudio, tendrá que reportar los detalles mínimos de las poblaciones que viven en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, identificar a sus líderes, entre otros, y plantear la estrategia más adecuada. ¿Cuánto costará el estudio? ¿Cuánto demandará la implementación de la estrategia? Son preguntas sin respuesta.
No se conoce de ninguna estrategia o proyecto que contemple una consulta previa informada a los indígenas que viven en el Madidi y el Pilón Lajas como lo manda la Convención 169 de la OIT. La misma CMR señala que ninguna represa debe construirse sin la “aceptación demostrada” de las personas afectadas, y sin el consentimiento libre, previo e informado.
La Comisión plantea un nuevo marco para las decisiones sobre proyectos hídricos y energéticos con base al reconocimiento de los derechos de todos los actores, y la evaluación de los riesgos que éstos enfrentan. Quiénes son afectados adversamente deberán participar del proceso de la planificación y decisión, y deberán participar también de los beneficios del proyecto.
En julio de 2016, la italiana Geodata debe presentar su informe, un trabajo por el que cobrará 22 millones de dólares. Se espera que dé luces sobre la viabilidad o no de la ejecución del proyecto tantas veces rechazado, descartado y repuesto con insistencia. Lo que diga la empresa contratada por el gobierno, el primer interesado en concretar la represa, definirá el destino de los indígenas y de la biodiversidad de la Amazonía paceña.
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