sábado, 27 de agosto de 2016

Conflictos y violencia en el modelo extractivista del capitalismo dependiente

Conflictos y violencia en el modelo extractivista del capitalismo dependiente


Raúl Prada Alcoreza













La escalada de violencia en el conflicto del “gobierno progresista” con las cooperativas mineras es una lección dura; pero, en todo caso una lección[1]. La muerte de tres mineros cooperativistas y el asesinato del Viceministro de Gobierno, de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, en el conflicto reanudado, después que el gobierno promulga la ley sobre la sindicalización en las cooperativas, son indicadores del desborde de la violencia, tanto del Estado como la de los bloqueadores. Ciertamente el asesinato del viceministro descalifica la demanda de los cooperativistas mineros; es más, convierte a la demanda en objetivo gremial, que se coloca por encima de la vida. El gobierno increpa a los cooperativistas mineros, los acusa de conspirar con la “derecha” contra la autoridad legítimamente constituida, incluso contra el Estado, al estar en connivencia con las empresas trasnacionales; además de tener contratos con las empresas privadas a quienes les entregan los minerales que extraen. Esto último, ¿acaso no lo sabían, cuando fueron los cooperativistas sus aliados, conformando un Pacto de Unidad chuto, sin las organizaciones indígenas, que fueron separadas, incluso destruidas? Por qué recién sacan a luz una evidencia sabida por muchos, por lo menos, por los que se hallan vinculados a la minería, de una u otra manera.

Lo que ha cambiado es la coyuntura económica, por así decirlo, bajaron los precios de las materias primas; en el caso de la minería, de una manera estrepitosa, también de los hidrocarburos. En las condiciones de bonanza económica, solo teniendo en cuenta los altos precios de los minerales, en la coyuntura anterior, había holgura como para poder beneficiarse con los ingresos provenientes de la minería; tanto en la condición de asociados cooperativistas, como en la condición de Estado, debido a las regalías, considerando también a los gobiernos departamentales mineros. Aunque el porcentaje de las regalías es bajo, como en el periodo neoliberal, de todas maneras, los gobiernos departamentales y el gobierno central se sentían satisfechos. A pesar que la mayor parte de la torta se llevan las empresas extractivistas trasnacionales.

En la coyuntura de baja de los precios de la materias primas, coyuntura de crisis económica, la alianza entre gobierno populista y cooperativas mineras entró en conflicto; se fisuró, para llegar hasta quebrarse. Gobierno y cooperativistas mineros están enfrentados en una batalla por el control de los yacimientos minerales. De hecho los cooperativistas controlan el 27% de la explotación minera, en tanto que la empresa pública solo controla el 3%; en cambio las empresas privadas, principalmente trasnacionales, controlan el 70%. Los cooperativistas ganaron muchas concesiones de parte del gobierno, sobre todo, en espacios fiscales, que eran destinados a COMIBOL; además de excepciones en regalías, tributos e impuestos. Están exentos de muchos de ellos.  Por otra parte, la Ley Minera, a pesar de lo que dicen los cooperativistas, que quieren más, abre la norma a mayores concesiones a las empresas privadas, a las que, efectivamente, en la práctica, pertenecen las denominadas “cooperativas mineras”. Hay más beneficios, tanto en lo que respecta a su efecto de irradiación en relación a los espacios aledaños a las concesiones, así también como en el uso gratuito del agua. Se soslaya en dicha Ley que las llamadas “cooperativas mineras” no lo son, pues se trata de asociados “cooperativos”, que contratan, como patrones, trabajadores a destajo.

¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué dos aliados rompan, quiebren la alianza? ¿Qué la crisis económica de la baja de los precios los haya llevado a la pugna? ¿Crisis del módelo extractivista colonial del capitalismo dependiente? ¿El desborde de la violencia que ya ha llegado a la forma de asesinato? ¿El desprecio a la vida y poner encima de ella los intereses gremiales y también del Estado? Quizás el problema más preocupante, por no decir, angustiante o desmoralizante, sea que la sociedad no sea capaz de leer los signos de los eventos dramáticos; que se adhiera, por costumbre, a las sandeces que dicen los medios de comunicación, a las tristes y elementales argumentaciones de los políticos, sean oficialistas o de oposición. Que no sea auténtica, que no sea sociedad alterativa, que se encuentre atrapada en la camisa de fuerzas de la sociedad institucionalizada. Que no sea capaz de hacer uso crítico de la razón

El asesinato del viceministro de gobierno y las tres muertes de los mineros cooperativistas, ocasionados por francotiradores de la policía o militares[2], son síntomas del desborde de violencia a donde ya hemos llegado. Estas muertes, la forma de su acaecimiento, abren la etapa de lo que viene; lo que viene es el despliegue descarnado de violencias más crueles.

La responsabilidad en este asunto, en el desborde de la violencia, corresponde tanto al gobierno como a las cooperativas mineras. El Estado es violencia concentrada y violencia condensada, aunque la denominen, en la teoría crítica, monopolio de la violencia legítima,  no deja de ser eso, violencia. El tema es que esta violencia ya ha llegado al umbral y ha cruzado el límite, cuando ya se ingresa a otros agenciamientos. Les ocurre a las sociedades institucionalizadas cuando  se dejan llevar por las “ideologías”, en su peor versión, por discursos elementales y miserables, sectoriales o estatales. Lo que pasa es eso, lo que se ha vuelto una constante en las historias políticas de la modernidad. El enemigo, aunque sea circunstancial, es demonizado, convertido en un monstruo, para justificar su asesinato. La política se vuelve una religión, el esquematismo político de amigo/enemigo se convierte en el esquematismo religioso de fiel/infiel.

La particularidad, en este caso, en lo que respecta al conflicto entre el gobierno y las cooperativas mineras, es que los que antes eran considerados amigos y eran ponderados como tales, ahora se han convertido en enemigos; los que antes eran considerados leales y aliados del gobierno y del partido oficialista, eran enaltecidos, ahora son considerados monstruos, “traidores”, “conspiradores”, hasta “derechistas”. ¿Alguien puede tomar en serio estos vaivenes? Fuera, claro está, de los consagrados llunk’us.

¿Por qué se da este conflicto, fuera del factor y condicionante de la crisis económica? Cuando los amigos se vuelven enemigos, cuando los aliados se vuelven contrincantes, quiere decir, que lo que compartían se ha vuelto la manzana de la discordia; además, de volverse tan pequeño lo compartido, que lo que se puede repartir no alcanza para los dos. También quiere decir que la crisis múltiple del Estado obliga al gobierno a enfrentarse con los otros partidarios del “proceso de cambio”. No puede negociar, no tanto por que defiende los intereses del Estado, mucho menos de la Constitución, sino porque el mejor postor, comprador o socio de la explotación de la minería, son las empresas trasnacionales. Ya no pueden ser las cooperativas mineras las intermediarias en la transferencia de los minerales que la cooperativa explota. La única mediación que puede darse con las empresas extractivistas trasnacionales es la del Estado, la única referencia empresarial mediadora es la empresa estatal.  En tiempos de crisis económica, debida a la baja de los precios de las materias primas, es una estrategia de sobrevivencia el control monopólico de Estado, no solo sobre los recursos naturales, sino sobre la explotación y la mediación con los mercados y con el capital de inversión de las empresas extractivistas trasnacionales.

Como hemos dicho, estamos ante un conflicto entre partes, en el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Estado-nación subalterno, en la forma concreta del “gobierno progresista”, por una parte, y cooperativas mineras, además de la empresa privada, grande, mediana y pequeña, siendo la principal de la empresa privada, la empresa trasnacional, por otra parte; ambas partes conforman el modelo extractivista. En las condiciones de la crisis económica, ya no es posible compartir amigablemente la riqueza mineral; se requiere que salgan del negocio algunos. Este parece ser el fondo de la cuestión.

¿Empero, por qué el desborde de la violencia? ¿Por qué llevar a extremos el conflicto? ¿Es una lucha a muerte? Parece ser que es eso lo que piensan los cooperativistas mineros, también el gobierno. Independientemente de lo que piensan, es indispensable tener una percepción propia por parte de la sociedad o una percepción social, que considere la complejidad de la realidad efectiva. En palabras sencillas, una sociedad alterativa que comprenda su relación complementaria en los ecosistemas con el Oikos integral del planeta, del que forma parte. Se lleva al extremo el conflicto, sobre todo, las formas del enfrentamiento, manifestadas en el desborde de la violencia. No se tiene la comprensión de la complejidad, tampoco la comprensión de la pertenencia a la ecología de la biodiversidad. Esto puede parecer una exigencia excesiva para los gobiernos; empero, tampoco se tiene un concepción estratégica; por ejemplo, un proyecto hegemónico.  Si lo tuviera no habría desatado el gobierno una secuencia larga de conflictos; desde el principio de sus gestiones. Coincidentemente, el 2006, el gobierno inicia su primera gestión con un conflicto fratricida entre obreros mineros de la empresa estatal y cooperativistas mineros. Viene después el conflicto con los gobiernos departamentales; le sigue el conflicto entre el gobierno con las organizaciones indígenas-originarias; después, conflictos locales,  como el relativo con las provincias, por ejemplo, Caranavi; siguen conflictos con distintas organizaciones y movimientos sociales provisionales, como con los vendedores de ropa usada; también es citable, el conflicto alargado, por táctica gubernamental, con la movilización de los discapacitados.  En esta secuencia proliferante, se halla el conflicto del modelo extractivista; si hubiera tenido un proyecto estratégico, como el del proyecto hegemónico, no hubiera desatado intermitentemente el conflicto reiterado con las cooperativas mineras. Al no contar con una estrategia, el gobierno improvisa, en la desesperación de mantenerse en el poder. Pareciera que cree que algo parecido a la estrategia es desatar conflictos permanentemente y señalar a los involucrados enemigos comprometidos en distintas “conspiraciones”, como si se necesitara “conspiraciones”, cuando es el propio gobierno el que se entierra solo. 

El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente es un modelo limitado; sostiene una economía primario exportadora y un Estado rentista. Podemos hablar que esta es la matriz de los conflictos y de la crisis en el Estado-nación subalterno. En expresión literaria podemos decir que este es el substrato de nuestras penurias.









[2] En principio pusimos francotiradores de la policía; pero, por las declaraciones de la policía, al parecer, se trata de francotiradores del ejército. El ministro de gobierno declaró: Recordó que con sólo la presencia policial, hubo  declaraciones en torno a que habían militares camuflados entre los policías, que disparaban a los mineros movilizados. Página Siete: http://www.paginasiete.bo/nacional/2016/8/28/romero-illanes-insistio-persuadir-cooperativistas-107859.html.

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