Conflictos y violencia en el modelo extractivista del capitalismo dependiente
Raúl Prada Alcoreza
La escalada de violencia en el conflicto del “gobierno
progresista” con las cooperativas mineras es una lección dura; pero, en todo
caso una lección[1].
La muerte de tres mineros cooperativistas y el asesinato del Viceministro de Gobierno,
de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, en el conflicto reanudado, después que el gobierno
promulga la ley sobre la sindicalización en las cooperativas, son indicadores
del desborde de la violencia, tanto del Estado como la de los bloqueadores. Ciertamente
el asesinato del viceministro descalifica la demanda de los cooperativistas
mineros; es más, convierte a la demanda en objetivo gremial, que se coloca por
encima de la vida. El gobierno increpa a los cooperativistas mineros, los acusa
de conspirar con la “derecha” contra la autoridad legítimamente constituida,
incluso contra el Estado, al estar en connivencia con las empresas
trasnacionales; además de tener contratos con las empresas privadas a quienes
les entregan los minerales que extraen. Esto último, ¿acaso no lo sabían,
cuando fueron los cooperativistas sus aliados, conformando un Pacto de Unidad
chuto, sin las organizaciones indígenas, que fueron separadas, incluso
destruidas? Por qué recién sacan a luz una evidencia sabida por muchos, por lo
menos, por los que se hallan vinculados a la minería, de una u otra manera.
Lo que ha cambiado es la coyuntura económica, por así
decirlo, bajaron los precios de las materias primas; en el caso de la minería,
de una manera estrepitosa, también de los hidrocarburos. En las condiciones de
bonanza económica, solo teniendo en cuenta los altos precios de los minerales,
en la coyuntura anterior, había holgura como para poder beneficiarse con los
ingresos provenientes de la minería; tanto en la condición de asociados
cooperativistas, como en la condición de Estado, debido a las regalías,
considerando también a los gobiernos departamentales mineros. Aunque el
porcentaje de las regalías es bajo, como en el periodo neoliberal, de todas
maneras, los gobiernos departamentales y el gobierno central se sentían
satisfechos. A pesar que la mayor parte de la torta se llevan las empresas
extractivistas trasnacionales.
En la coyuntura de baja de los precios de la materias
primas, coyuntura de crisis económica, la alianza entre gobierno populista y
cooperativas mineras entró en conflicto; se fisuró, para llegar hasta quebrarse.
Gobierno y cooperativistas mineros están enfrentados en una batalla por el
control de los yacimientos minerales. De hecho los cooperativistas controlan el
27% de la explotación minera, en tanto que la empresa pública solo controla el
3%; en cambio las empresas privadas, principalmente trasnacionales, controlan
el 70%. Los cooperativistas ganaron muchas concesiones de parte del gobierno,
sobre todo, en espacios fiscales, que eran destinados a COMIBOL; además de
excepciones en regalías, tributos e impuestos. Están exentos de muchos de
ellos. Por otra parte, la Ley Minera, a
pesar de lo que dicen los cooperativistas, que quieren más, abre la norma a
mayores concesiones a las empresas privadas, a las que, efectivamente, en la
práctica, pertenecen las denominadas “cooperativas mineras”. Hay más
beneficios, tanto en lo que respecta a su efecto de irradiación en relación a
los espacios aledaños a las concesiones, así también como en el uso gratuito
del agua. Se soslaya en dicha Ley que las llamadas “cooperativas mineras” no lo
son, pues se trata de asociados “cooperativos”, que contratan, como patrones,
trabajadores a destajo.
¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué dos aliados
rompan, quiebren la alianza? ¿Qué la crisis
económica de la baja de los precios los haya llevado a la pugna? ¿Crisis
del módelo extractivista colonial del
capitalismo dependiente? ¿El desborde de la violencia que ya ha llegado a
la forma de asesinato? ¿El desprecio a la vida y poner encima de ella los
intereses gremiales y también del Estado? Quizás el problema más preocupante,
por no decir, angustiante o desmoralizante, sea que la sociedad no sea capaz de
leer los signos de los eventos dramáticos; que se adhiera, por costumbre, a las
sandeces que dicen los medios de comunicación, a las tristes y elementales
argumentaciones de los políticos, sean oficialistas o de oposición. Que no sea
auténtica, que no sea sociedad alterativa,
que se encuentre atrapada en la camisa de fuerzas de la sociedad institucionalizada. Que no sea capaz de hacer uso crítico de la razón.
El asesinato del viceministro de gobierno y las tres
muertes de los mineros cooperativistas, ocasionados por francotiradores de la
policía o militares[2],
son síntomas del desborde de violencia a donde ya hemos llegado. Estas muertes,
la forma de su acaecimiento, abren la etapa de lo que viene; lo que viene es el
despliegue descarnado de violencias más crueles.
La responsabilidad en este asunto, en el desborde de
la violencia, corresponde tanto al gobierno como a las cooperativas mineras. El
Estado es violencia concentrada y violencia condensada, aunque la
denominen, en la teoría crítica, monopolio de la violencia legítima, no deja de ser eso, violencia. El tema es que esta violencia
ya ha llegado al umbral y ha cruzado
el límite, cuando ya se ingresa a
otros agenciamientos. Les ocurre a
las sociedades institucionalizadas
cuando se dejan llevar por las
“ideologías”, en su peor versión, por discursos elementales y miserables,
sectoriales o estatales. Lo que pasa es eso, lo que se ha vuelto una constante
en las historias políticas de la modernidad. El enemigo, aunque sea circunstancial, es demonizado, convertido en un monstruo,
para justificar su asesinato. La política se vuelve una religión, el esquematismo
político de amigo/enemigo se
convierte en el esquematismo religioso
de fiel/infiel.
La particularidad, en este caso, en lo que respecta al
conflicto entre el gobierno y las cooperativas mineras, es que los que antes
eran considerados amigos y eran
ponderados como tales, ahora se han convertido en enemigos; los que antes eran considerados leales y aliados del
gobierno y del partido oficialista, eran enaltecidos, ahora son considerados monstruos,
“traidores”, “conspiradores”, hasta “derechistas”. ¿Alguien puede tomar en
serio estos vaivenes? Fuera, claro está, de los consagrados llunk’us.
¿Por qué se da este conflicto, fuera del factor y
condicionante de la crisis económica?
Cuando los amigos se vuelven enemigos, cuando los aliados se vuelven contrincantes, quiere decir, que lo que compartían se ha vuelto la manzana de la discordia; además, de volverse
tan pequeño lo compartido, que lo que se puede repartir no alcanza para los
dos. También quiere decir que la crisis múltiple
del Estado obliga al gobierno a enfrentarse con los otros partidarios del
“proceso de cambio”. No puede negociar, no tanto por que defiende los intereses
del Estado, mucho menos de la Constitución, sino porque el mejor postor,
comprador o socio de la explotación de la minería, son las empresas
trasnacionales. Ya no pueden ser las cooperativas mineras las intermediarias en
la transferencia de los minerales que la cooperativa explota. La única
mediación que puede darse con las empresas extractivistas trasnacionales es la
del Estado, la única referencia empresarial mediadora es la empresa
estatal. En tiempos de crisis económica, debida a la baja de
los precios de las materias primas, es una estrategia
de sobrevivencia el control
monopólico de Estado, no solo sobre los recursos
naturales, sino sobre la explotación
y la mediación con los mercados y con
el capital de inversión de las empresas extractivistas trasnacionales.
Como hemos dicho, estamos ante un conflicto entre partes, en el modelo
extractivista colonial del capitalismo dependiente. Estado-nación subalterno, en la forma concreta del “gobierno
progresista”, por una parte, y cooperativas
mineras, además de la empresa privada, grande, mediana y pequeña, siendo la
principal de la empresa privada, la empresa trasnacional, por otra parte; ambas
partes conforman el modelo extractivista.
En las condiciones de la crisis económica,
ya no es posible compartir amigablemente la riqueza
mineral; se requiere que salgan del negocio algunos. Este parece ser el
fondo de la cuestión.
¿Empero, por qué el desborde de la violencia? ¿Por qué
llevar a extremos el conflicto? ¿Es una lucha a muerte? Parece ser que es eso
lo que piensan los cooperativistas mineros, también el gobierno.
Independientemente de lo que piensan, es indispensable tener una percepción
propia por parte de la sociedad o una percepción social, que considere la complejidad de la realidad efectiva. En palabras sencillas, una sociedad alterativa que comprenda su relación complementaria en los
ecosistemas con el Oikos integral del planeta, del que
forma parte. Se lleva al extremo el conflicto,
sobre todo, las formas del enfrentamiento, manifestadas en el desborde de la
violencia. No se tiene la comprensión
de la complejidad, tampoco la comprensión de la pertenencia a la ecología de la biodiversidad. Esto puede parecer una exigencia excesiva para los
gobiernos; empero, tampoco se tiene un concepción
estratégica; por ejemplo, un proyecto
hegemónico. Si lo tuviera no habría
desatado el gobierno una secuencia larga de conflictos; desde el principio de
sus gestiones. Coincidentemente, el 2006, el gobierno inicia su primera gestión
con un conflicto fratricida entre obreros
mineros de la empresa estatal y cooperativistas
mineros. Viene después el conflicto con los gobiernos departamentales; le
sigue el conflicto entre el gobierno con las organizaciones
indígenas-originarias; después, conflictos locales, como el relativo con las provincias, por
ejemplo, Caranavi; siguen conflictos con distintas organizaciones y movimientos
sociales provisionales, como con los vendedores de ropa usada; también es
citable, el conflicto alargado, por táctica gubernamental, con la movilización
de los discapacitados. En esta secuencia
proliferante, se halla el conflicto del modelo extractivista; si hubiera tenido
un proyecto estratégico, como el del proyecto hegemónico, no hubiera desatado
intermitentemente el conflicto reiterado con las cooperativas mineras. Al no
contar con una estrategia, el gobierno improvisa, en la desesperación de
mantenerse en el poder. Pareciera que cree que algo parecido a la estrategia es desatar conflictos
permanentemente y señalar a los involucrados enemigos comprometidos en distintas “conspiraciones”, como si se
necesitara “conspiraciones”, cuando es el propio gobierno el que se entierra
solo.
El modelo colonial extractivista del capitalismo
dependiente es un modelo limitado; sostiene una economía primario exportadora y
un Estado rentista. Podemos hablar que esta es la matriz de los conflictos y de
la crisis en el Estado-nación subalterno. En expresión literaria podemos decir
que este es el substrato de nuestras penurias.
[2] En
principio pusimos francotiradores de la policía; pero, por las declaraciones de
la policía, al parecer, se trata de francotiradores del ejército. El ministro
de gobierno declaró: Recordó que con
sólo la presencia policial, hubo declaraciones en torno a que habían
militares camuflados entre los policías, que disparaban a los mineros
movilizados. Página Siete: http://www.paginasiete.bo/nacional/2016/8/28/romero-illanes-insistio-persuadir-cooperativistas-107859.html.
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