Brasil evalúa vender activos públicos
Carente de recursos, el nuevo gobierno estudia comercializar participaciones de empresas.
El Gobierno de Brasil está considerando vender participaciones en empresas controladas por el Estado incluyendo la compañía de correos así como tenencias en firmas de transporte, energía y seguros, en un intento por levantar capital y reducir el sector público, reportó ayer un periódico local.
El gobierno del presidente interino de Brasil, Michel Temer, está trabajando con una lista de empresas y sectores que serían los primeros objetivos si se concreta la idea de desmantelar las tenencias del Estado, dijo el diario O Globo de Rio de Janeiro, citando —sin identificar— a miembros del equipo económico de Temer.
Esa maniobra fue utilizada ampliamente durante la década de 1990 e inicios de los 2000, pero los gobiernos de izquierda del Partido de los Trabajadores la revirtieron posteriormente durante sus 13 años en el poder bajo el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y sucesora Dilma Rousseff.
Rousseff fue suspendida como presidenta la semana pasada después de que el Senado aprobó someterla a un juicio político por cargos de violar leyes presupuestarias. La mandataria fue reemplazada entonces de manera inmediata por Temer, un político de centro, miembro del partido más grande de Brasil.
Brasil enfrenta una profunda recesión económica marcada por un creciente desempleo, una inflación de casi dos dígitos y una debilitada confianza de los consumidores y empresarios. El Gobierno tiene además un fuerte déficit.
En este contexto, O Globo dijo que el Gobierno está considerando la venta parcial de su participación en Correios, la empresa de correos de Brasil, y en la Casa de Moneda.
También podría revivir esfuerzos por vender participaciones en la unidad de seguros de Caixa Económica Federal, un gran prestamista público, y varios operadores de puertos a lo largo de Brasil en los que el Gobierno Federal tiene intereses, dijo el periódico.
Otras privatizaciones que están siendo consideradas, de acuerdo al reporte, incluyen la venta parcial del operador de aeropuertos Infraero, tenencias en más de 200 pequeñas empresas eléctricas controladas por la estatal Eletrobras y varios activos controlados a través de BNDESPar, el brazo de inversión del banco de desarrollo BNDES.
Una portavoz del Ministerio de Hacienda de Brasil declinó realizar comentarios sobre el reporte, diciendo que el nuevo ministro Henrique Meirelles entregaría más detalles sobre los planes económicos del Gobierno en los próximos días.
El diario no dio referencias de fechas para eventuales privatizaciones que el nuevo gobierno pudiera llevar a cabo, pero dijo que las ventas dependerían de las condiciones operacionales y financieras de cada participación, además de las condiciones regulatorias y del mercado.
Se defienden.
El nuevo canciller brasileño, José Serra, afirmó que “subirá el tono” si fuera necesario para responder a las “falsedades” de quienes han criticado el proceso que suspendió a la presidenta Rousseff y llevó al poder a Temer.
“Nuestra preocupación es esclarecer las mentiras que se han dicho sobre el proceso brasileño”, pues “todo lo que ocurre” en Brasil “está previsto en la Constitución y la legalidad democrática”, señaló el canciller Serra en declaraciones difundidas ayer por el canal de televisión Globo.
Piden renuncia de ministros.
La Orden (colegio) de Abogados de Brasil sostuvo ayer que los ministros nombrados por el presidente interino que están bajo sospecha de corrupción deben dejar sus cargos, pues su nombramiento “contraría los anhelos de la sociedad”. “Amenaza la posibilidad de que Brasil transite por mejores rumbos”, dijo su presidente Claudio Lamachia.
Continúa el juicio a Rousseff.
El Senado de Brasil definirá en los próximos días el calendario del proceso contra la presidenta Dilma Rousseff, suspendida por 180 días y sustituida por Michel Temer, contra quien ayer hubo pequeños focos de resistencia en las calles.
Pese a que en Brasil se temía que la decisión de abrir un juicio que puede acabar definitivamente con el mandato de Rousseff fuera seguida de una gran agitación popular, hasta ahora los grupos que han protestado contra el juicio han sido minúsculos.
Ayer, una manifestación convocada en favor de Rousseff no reunió en Brasilia más que unas 200 ó 300 personas, que protestaron en forma pacífica frente a las puertas del Palacio presidencial de Planalto, ocupado desde el pasado jueves por Temer.
El presidente interino fue tildado de “golpista” y “traidor” por los manifestantes, que se dispersaron sin ningún tipo de incidentes.
La protesta también pasó frente a la sede del Parlamento, donde en los próximos días el Senado le pondrá fechas a las fases que faltan del proceso. Por ahora Dilma prepara su defensa en la residencia presidencial.
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